Un crimen que obligó a modificar las políticas de seguridad

La noche del 24 de enero de 1997 el fotógrafo José Luis Cabezas estaba en Pinamar. Cuando se retiró de una reunión, un grupo de individuos lo interceptó. Al día siguiente, el cuerpo del reportero gráfico fue encontrado con dos disparos en la cabeza dentro de un auto que había sido incendiado.

Casi un año antes, Cabezas había fotografiado al empresario de correos Alfredo Yabrán junto a su esposa. Se trataba de la primera imagen pública del empresario, que sería tapa del semanario Noticias.

Al cumplirse 26 años del asesinato de Cabezas, Iván Federico Basewicz Rojana, sociólogo y becario del CONICET en el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (ISTEC, UNMDP), reflexiona sobre la incidencia del caso en la formulación de políticas públicas en materia de seguridad.

El becario explica que, desde los años 80, la seguridad ciudadana comenzó a instalarse en el centro de las agendas públicas de América Latina. No obstante, el lugar que esta temática ocupó a lo largo de la historia ha ido variando. “Actualmente, la inseguridad se presenta como el tercer problema público de mayor relevancia en Argentina, solo por detrás de la temática económica y laboral. Sin embargo, antes del asesinato de Cabezas, la preocupación por la inseguridad ocupaba un lugar menor en el espacio público”, asevera Basewicz Rojana. Luego, agrega que con el homicidio del fotógrafo esto cambió porque dio cuenta de dos fenómenos de alto impacto en Argentina: “Primero, que cualquiera podía ser víctima de un delito, en cualquier momento y lugar y que ello podría repercutir en la esfera política. Segundo, dicho caso expuso cómo los perpetradores podían ser las mismas fuerzas en las que se confiaba la protección de todos los días”, señala.

El sociólogo subraya que, con el retorno a la democracia, la inseguridad en tanto problemática “estuvo centrada en hechos particulares asociados al pasado reciente, especialmente los secuestros extorsivos a empresarios y sus familias”. Además, puntualiza que con los saqueos de 1989 el eje delictivo fue focalizado en la vulnerabilidad social. “Esto quiere decir que, hasta el asesinato de Cabezas, tanto víctimas como victimarios se identificaban con un perfil delimitado. La importancia que recabó el homicidio del periodista fue la de expandir la categoría de víctimas a un espectro de mayor alcance, produciendo un sentimiento de vulnerabilidad generalizado”, detalla.

El especialista sostiene que este caso incidió en la formulación de políticas públicas por tratarse de un hecho conmocionante, que dio lugar a numerosos reclamos en relación con la seguridad. “Las movilizaciones de las asociaciones de prensa locales e internacionales proveyeron un marco de divulgación que impactó en la clase política, la cual emprendió una reforma integral de la seguridad en la provincia de Buenos Aires”, afirma Basewicz Rojana.

El becario especifica que los 48 mil efectivos de la policía bonaerense, la de mayor magnitud a nivel nacional, fueron puestos a disponibilidad. Además, se removieron de su cargo a los comisarios de Pinamar, Valeria del Mar y General Juan Madariaga. “La mayor reforma en lo tendiente a la policía provincial fue la sanción de la Ley N°11.880 de Emergencia de la Policía Bonaerense, que decretaba la crisis del sector por el período de un año y estipulaba la reforma en las prácticas policiales”, indica y añade que, de este modo, “se consolidó un cambio de paradigma en el modelo de policiamiento, que se centró en las estrategias comunitarias, las cuales otorgaron un rol relevante a la participación ciudadana en la configuración de la actividad policial”.

Asimismo, se sancionó la Ley Provincial de Seguridad Pública: “Esta norma reformuló por completo el sistema de seguridad provincial mediante la creación del Ministerio de Seguridad bonaerense, del Consejo de Seguridad de la provincia y de mecanismos de participación ciudadana, que fueron plasmados en los foros vecinales, municipales y departamentales de Seguridad”, destaca el becario.

Para el sociólogo, este hecho marca un antes y un después respecto de un tema que ha cobrado fuerza en la agenda pública de la Argentina: “El homicidio de José Luis Cabezas no solo configuró hasta los tiempos de hoy el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, sino que hizo que ese modelo se extrapole a nivel nacional”, asegura.

Por último, Basewicz Rojana entiende que “es importante que las ciencias sociales se ocupen de este tipo de problemáticas porque permiten comprender la formulación de políticas públicas que afectan el día a día de los argentinos y las argentinas”. También considera que dicha formulación no es una tarea única de la clase política, sino que concierne a toda la población: “Existen procesos y etapas en las cuales la ciudadanía puede moldear las políticas en función de sus reclamos y, de esa manera, incidir en la mejora de sus condiciones de vida. Las ciencias sociales tienen un rol en la identificación de dichos procesos y problemáticas, a la vez que ocupan un rol técnico en la formulación e implementación de las políticas”, concluye el becario.