Ushuaia, 17 de noviembre de 2026.- La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur sancionó este martes el Régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo Provincial, luego de levantar el cuarto intermedio de la sexta sesión ordinaria iniciado el pasado 3 de noviembre.
La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo provincial (Asunto 519/26) y acompañada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), cosechó siete votos afirmativos y siete negativos. Ante la paridad, resultó decisiva la intervención de la legisladora María Victoria Vuoto, quien se encontraba ejerciendo la presidencia de la Cámara y, en aplicación del artículo 100 de la Constitución Provincial, utilizó su facultad de desempate para votar afirmativamente.
La sesión comenzó a las 14 horas con la presencia de 14 parlamentarios y tuvo un desarrollo ágil en el tratamiento del expediente: la mayoría del cuerpo decidió omitir la lectura del dictamen conjunto de las comisiones de Educación y Presupuesto para avanzar directamente con la votación nominal.
La norma aprobada establece un esquema obligatorio que deberá observarse en la formulación de cada Presupuesto General de la Provincia, articulado sobre los siguientes pilares:
* Meta de inversión progresiva: Fija un sendero de convergencia para que la inversión educativa consolidada alcance el 7,80% del Producto Bruto Geográfico (PBG) provincial en un plazo de cinco ejercicios fiscales, partiendo de un piso del 4,50% en el primer año, 4,95% en el segundo, 5,70% en el tercero y 6,60% en el cuarto. Solo podrá diferirse el escalón mediante informe técnico fundado si cae en términos reales el PBG, la recaudación provincial o la Coparticipación Federal.*
* Creación del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE): Será una cuenta específica, permanente y complementaria, cuyos recursos no podrán utilizarse para reducir ni sustituir partidas ordinarias preexistentes.
* Fuentes de recaudación: El fondo se nutrirá de una alícuota adicional del 3% en Ingresos Brutos aplicada a todas las actividades gravadas del Banco de Tierra del Fuego (BTF) —eliminando su exención actual y prohibiéndole trasladar ese costo a sus clientes—, y del 40% de lo recaudado por una nueva alícuota del 3,4% en Ingresos Brutos (código de actividad 352022) destinada a infraestructura, siempre que el ENREGE no autorice su traslado a la tarifa de los usuarios. También sumará recursos ya afectados de Servicios Sociales, hasta un 40% de los incrementos del Impuesto Inmobiliario Rural (con valuación actualizada por IPC), hasta un 10% de utilidades distribuibles de empresas estatales, Ingresos Brutos de Terra Ignis Energía S.A., y futuros ingresos por Hidrógeno Verde y Economía del Conocimiento.
* Distribución de los recursos: El texto establece una pauta orientativa (modificable por el Ejecutivo) que destina el 40% al fortalecimiento del salario docente (buscando reducir la brecha respecto a los parámetros del Salario Mínimo, Vital y Móvil), otro 40% a infraestructura, mantenimiento y accesibilidad escolar, y el 20% restante a equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos.
* Control y transparencia: Crea el Observatorio de Financiamiento Educativo (con representación del Ejecutivo, la Legislatura, la AREF y los trabajadores), obliga a presentar informes trimestrales abiertos, establece un sistema de indicadores semestrales y dispone la elaboración de un plan de mejora educativa a cinco años. Además, prohíbe aplicar la relación matrícula/cargos como criterio automático para recortar cargos u horas docentes.
Los siete votos afirmativos correspondieron a María Laura Colazo, Gisela Dos Santos, Tomás García, Federico Greve, Myriam Martínez, Juan Carlos Pino y María Victoria Vuoto. Por la negativa se pronunciaron Natalia Gracianía, Matías Lapadula, Jorge Lechman, Damián Löffler, Luciano Selzer, Federico Sciurano y Pablo Villegas. Tras el desempate presidencial, el texto fue girado al Ejecutivo para su promulgación.
Al inicio de la jornada se leyó una nota de Raúl Von der Thusen, quien justificó su ausencia por razones de salud y acompañamiento familiar, recordando que el 3 de noviembre había votado contra el cuarto intermedio previendo esta imposibilidad. Sus pares expresaron solidaridad con su situación personal.
Tras la sanción, María Laura Colazo (Partido Verde) explicó que acompañó el proyecto para dotar de herramientas de planificación y seguimiento al sistema educativo, aunque advirtió: “Sabemos que esta ley no es la panacea, no va a venir a cubrir todas las necesidades que tiene el sistema educativo de la provincia”.
Colazo señaló que durante el cuarto intermedio su bloque exigió garantías de que la eliminación de la exención impositiva al BTF no impactará en el bolsillo de los clientes, compromiso que aseguró seguirán vigilando. Asimismo, anticipó que presentará un proyecto complementario para financiar conectividad y equipamiento fabricado en Tierra del Fuego mediante recursos del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP).
En la vereda opuesta, Natalia Gracianía (La Libertad Avanza) calificó la norma como “una cáscara vacía que no resuelve absolutamente nada”. Según sus cálculos, las fuentes actuales recaudarán unos 3.500 millones de pesos anuales, lo que apenas representaría un incremento cercano a los 7.000 pesos mensuales por docente. También cuestionó que se comprometan ingresos inciertos a futuro (como el hidrógeno verde), vinculó la ley con un acuerdo político entre Gustavo Melella y el titular del SUTEF, Horacio Catena, y reclamó por una deuda superior a los 1.500 millones de pesos con 1.100 docentes de gestión privada.
La réplica llegó de parte de Federico Greve (FORJA), quien defendió el carácter progresivo de la iniciativa y apuntó contra el Gobierno nacional: “La verdad, ¿sabe lo que mejoraría la educación de Tierra del Fuego? Que La Libertad Avanza devuelva los 17 programas nacionales que dieron de baja y se desinteresaron por la educación”. El legislador oficialista sostuvo que la norma no pretende ser una solución salarial inmediata, sino fijar una prioridad presupuestaria a mediano plazo: “Yo no hipoteco el futuro de los fueguinos cuando invierto en educación, Presidenta, todo lo contrario”.
Antes de levantar la sesión, la Cámara acordó convocar a la próxima sesión ordinaria para el jueves 10 de diciembre a las 11 horas (con reunión de labor parlamentaria el miércoles 9 a las 14) y extender hasta esa misma fecha el plazo para la emisión de dictámenes, dejando abierta la instancia hacia el tratamiento del Presupuesto Provincial 2027.