Tolhuin: El Concejo denunció penalmente a Harrington y el intendente rechazó la acusación

El presidente del cuerpo legislativo, Matías Rodríguez Ojeda, formalizó una denuncia penal contra el intendente Daniel Harrington por presunta retención indebida, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al acusarlo de retener transferencias presupuestarias por cerca de $1.100 millones.

Por su parte, Harrington emitió una carta abierta en la que manifestó tener «absoluta tranquilidad», diferenció las obligaciones previsionales de los envíos presupuestarios y cuestionó la oportunidad política de la presentación judicial en medio de negociaciones abiertas.

La postura de Rodríguez: fondos adeudados y falta de respuestas

El titular del Concejo Deliberante afirmó en declaraciones radiales que la decisión judicial se adoptó con el aval político del cuerpo deliberativo tras haber agotado las instancias administrativas, pedidos de informe formales y cartas documento. Según Rodríguez, la deuda acumulada ronda los $1.100 millones y afecta directamente el pago de contribuciones y aportes de los empleados legislativos a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social.

Entre los principales puntos sostenidos por Rodríguez se destacan:

• Retención de aportes personales: Señaló que, más allá de la deuda patronal de 2025, durante 2026 se acumularon alrededor de cinco meses sin remitir los montos deducidos directamente de los sueldos del personal, una situación que consideró de máxima gravedad administrativa y penal.

• Instancias previas agotadas: Argumentó que el Ejecutivo no logró fundamentar en la Comisión de Presupuesto el destino ni el motivo de la falta de giro de estos fondos, afirmando: «No nos queda más margen (...) y que se defina en los lugares donde se tiene que definir».

• Resolución judicial: Ante las objeciones del Ejecutivo municipal sobre la existencia de dicha deuda, Rodríguez remarcó que las discrepancias contables deberán ser zanjadas y probadas ante los magistrados intervinientes.

La respuesta de Harrington: transferencias millonarias y mesa técnica abierta

Horas después de conocerse la denuncia, Daniel Harrington fijó su postura mediante un escrito público donde adelantó que sus abogados litigarán en los tribunales, al tiempo que rebatió el planteo de fondo y los tiempos de la acusación.

Los argumentos centrales del intendente comprenden:

• Deslinde de responsabilidades: Diferenció el debate sobre los montos que el Ejecutivo transfiere al Concejo de la obligación legal directa que tiene el cuerpo legislativo de ingresar los aportes y contribuciones de su propia planta de personal.

• Transferencias realizadas y propuesta de pago: Aseguró que el Municipio giró más de $2.000 millones al órgano deliberativo durante el período en debate y recordó que, con miras a resolver la deuda con OSEF, el Ejecutivo propuso incorporar el pasivo del Concejo dentro de un plan general de regularización asumido por la Intendencia, incluyendo además la cesión de un inmueble comunal para una nueva sede y farmacia de la obra social.

• Cuestionamiento al momento de la denuncia: Calificó de inoportuna la acción judicial por entorpecer una mesa de negociación técnica tripartita cuyo próximo encuentro está agendado para el 13 de octubre, vinculando el hecho al clima preelectoral fueguino: «No voy a utilizar esta denuncia como excusa para abandonar una negociación (...) Las diferencias políticas pasan, las instituciones quedan».

Con la presentación radicada ante la Justicia provincial y el proceso técnico con OSEF aún pendiente de resolución, el conflicto en Tolhuin bifurca su curso: mientras los equipos contables intentan convenir la cancelación de las deudas previsionales, el fuero penal deberá determinar si las demoras en las transferencias configuran delito por parte del mandatario comunal.