López Silva culpó a una empresa y canceló las obras en la Escuela 22 y Jardín 10

La Provincia dejó sin efecto el vínculo con el contratista Jonatan Pérez tras constatar la paralización de los trabajos en Ushuaia, cuyos plazos vencieron hace más de tres años. Ejecutarán las pólizas de garantía y el anticipo financiero del 50%.

El ministerio de Educación de Tierra del Fuego, Pablo López Silva, resolvió dar de baja el contrato de obra pública adjudicado a una firma unipersonal para la refacción integral del edificio compartido por la Escuela Provincial N° 22 "Bahía Golondrina" y el Jardín N° 10 "Chowen", en Ushuaia.

La medida se formalizó a través de la Resolución M.ED. N° 2795/2026, rubricada por el ministro Pablo López Silva, atribuyendo la ruptura del vínculo a la "exclusiva culpa de la contratista".

La obra había sido contratada en febrero de 2023 por un monto total de $136.361.492,02 y contaba con un plazo original de ejecución de apenas 45 días corridos a partir del acta de inicio, suscripta en marzo de ese mismo año.

Sin embargo y según reza en la resolución, tras constatarse el abandono del predio y luego de reiteradas intimaciones y comunicaciones sin respuesta favorable por parte de la empresa, el área de Infraestructura Educativa impulsó la revocación contractual amparada en el artículo 50, inciso e), de la Ley Nacional de Obras Públicas 13.064.

Los informes técnicos elaborados en mayo y octubre de 2024, sumados a un último relevamiento realizado a principios de agosto de 2026, confirmaron el estancamiento de las tareas pese a que el Estado provincial ya había desembolsado un anticipo financiero correspondiente al 50% del total adjudicado.

A partir del acto administrativo, el Gobierno ordenó ejecutar de inmediato las pólizas de garantía N° 293508 (cumplimiento de contrato) y N° 293540 (devolución del anticipo financiero), emitidas por la compañía Prudencia Seguros.

Asimismo, se giraron las actuaciones a la Oficina Provincial de Contrataciones para aplicar sanciones al proveedor en el Registro de Proveedores del Estado y se notificó a la parte contratista sobre los plazos legales previstos para interponer recursos administrativos.