Adjudicaron por más de $20.800 millones la compra e instalación del sistema de videovigilancia

El Gobierno provincial dio un paso clave en materia de seguridad pública tras adjudicar la ampliación e integración del servicio de videovigilancia para Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La medida se concretó a través del Decreto 1322/26, mediante el cual se aprobó la Licitación Pública 02/2026 y se asignó la totalidad del proyecto a la UT conformada por las empresas TV Fuego S.A. y Ushuaia Visión S.A., tras haber sido desestimada la oferta presentadas por Exanet por no cumplir los pliegos técnicos.

Según consignó El Diario del Fin del Mundo, la inversión alcanza los 20.880 millones de pesos y será financiada íntegramente mediante un aporte no reembolsable del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMPF). El plan prevé un esquema de desembolsos por etapas: un anticipo inicial del 30% ($6.264 millones) y tres pagos posteriores vinculados a certificados de avance de obra e inspecciones técnicas.

El proyecto contempla el despliegue de 640 cámaras y 1.660 canales de video distribuidos en 371 puntos estratégicos. La red contará con 255 dispositivos multisensor con tecnología PTZ, 41 cámaras LPR/ANPR para la lectura e identificación automática de patentes vehiculares y 344 equipos fijos equipados con analítica avanzada de imágenes.

Entre las principales innovaciones tecnológicas destaca la incorporación de algoritmos de inteligencia artificial. Esta infraestructura permitirá realizar seguimiento automatizado de objetivos, lectura de matrículas, detección de infracciones, conteo de tráfico y personas, así como búsquedas inteligentes sobre material grabado para optimizar las tareas de investigación judicial y prevención del delito.

El diseño operativo funcionará bajo una arquitectura descentralizada pero federada: Río Grande actuará como el nodo central de la red provincial, en tanto Ushuaia y Tolhuin dispondrán de centros de monitoreo y almacenamiento local. Este formato garantiza la continuidad del grabado en cada ciudad aun ante eventuales contingencias o cortes de conectividad en la red interurbana.

El contrato tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos a partir de la firma del instrumento legal e incluye la construcción de un Tendido de Fibra Óptica propio para el sistema, sumado a un servicio integral de mantenimiento preventivo y correctivo durante 36 meses.

Fuente: el diario Del Fin del Mundo