Un contundente dictamen emitido por la Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego desestimó los argumentos presupuestarios del Gobierno provincial y responsabilizó directamente a la gestión administrativa por la grave crisis edilicia que atraviesan los establecimientos educativos de la provincia. El organismo calificó el modelo de trabajo actual como "reactivo" y advirtió sobre la falta de prevención y control.
Tras analizar los informes del propio Ministerio de Educación, la Fiscalía concluyó que las reiteradas suspensiones de clases, descompensaciones de alumnos y docentes, y evacuaciones de edificios no constituyen hechos aislados. Según el documento, las deficiencias responden a deficiencias estructurales en la administración, informó en su edició de hoy "el diario Del Fin del Mundo".
El organismo fue categórico al rechazar la falta de fondos como justificación, recordando que la vigencia de sucesivas leyes de emergencia en infraestructura escolar otorgó al Ejecutivo herramientas de contratación abreviada y presupuestos multimillonarios. Para la Fiscalía, el escenario actual obedece a fallas de planificación y a una incorrecta fijación de prioridades.
Casos testigo y advertencias omitidas
La investigación, que inicialmente comenzó por denuncias en la Escuela Provincial N.º 24 "Juan Ruiz Galán" (clausurada por Camuzzi tras registrar pérdidas de gas y mantener las clases suspendidas por más de 40 días), terminó ampliándose a más de veinte instituciones de Ushuaia a raíz de reclamos de familias y del sindicato SUETRA.
Entre los casos destacados se encuentra la Escuela N.º 34 "Yak Haruin", evacuada tras la descompensación de cuatro alumnos en un acto escolar, a pesar de que existían informes técnicos previos que alertaban sobre los riesgos en las instalaciones. La Fiscalía remarcó que las recomendaciones edilicias emitidas por el propio organismo de control en 2013, 2023 y 2025 fueron sistemáticamente ignoradas. La lista de establecimientos afectados con problemas de calefacción, electricidad, filtraciones y falta de agua incluye a las escuelas 1, 22, 30 y 31, los jardines 2, 4, 18 y 19, y los colegios Sobral, Los Andes y Marte, entre otros.
Exhortación al Gobierno y posibles sanciones
Ante este panorama, la Fiscalía intimó al Ministerio de Educación, Pablo López Silva a diseñar y elevar al gobernador, Gustavo Melella, un Plan Provincial de Gestión y Mantenimiento de la Infraestructura Escolar que garantice inspecciones periódicas y un seguimiento centralizado.
Asimismo, solicitó revisar la actuación de las áreas responsables para determinar si existió incumplimiento de deberes. El organismo dispuso remitir las actuaciones al Tribunal de Cuentas para evaluar posibles perjuicios fiscales y al Ministerio Público Fiscal para investigar eventuales responsabilidades penales derivadas de la falta de mantenimiento.
Retenciones indebidas y costos ocultos en Tolhuin
En un dictamen complementario, la Fiscalía también expuso las irregularidades administrativas en torno a la remodelación de la sala de máquinas e instalación de gas del Jardín N.º 13 "Zioshi" de Tolhuin.
A pesar de que la obra fue finalizada y recibida formalmente en julio de 2025, el Estado provincial mantiene retenidos los pagos a la contratista invocando la falta de crédito presupuestario. La Fiscalía declaró esta práctica como "jurídicamente inadmisible" y alertó que este tipo de demoras injustificadas ahuyenta a los proveedores, encarece la obra pública y expone a la provincia a contingencias judiciales.
FUENTE: el diario Del Fin Del Mundo