Tierra del Fuego reafirmó su compromiso en el Consejo Federal para la lucha contra la trata de personas

La provincia de Tierra del Fuego, a través de la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, participó de la XXIV Reunión del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, el principal ámbito de articulación federal donde se definen y coordinan políticas públicas para prevenir, investigar y erradicar este delito, garantizando la protección integral de las víctimas. La representación fueguina estuvo a cargo de la secretaria de Derechos Humanos e Igualdad, Sonia Splausky, quien participó de las jornadas junto a autoridades nacionales, representantes de las provincias, organismos especializados y organizaciones de la sociedad civil. Durante el encuentro se aprobó el Informe Anual 2025 del Consejo Federal y se abordaron distintos ejes de trabajo vinculados al fortalecimiento de las políticas públicas para la prevención y el combate de la trata de personas. Entre ellos, se analizaron los avances del Programa de Restitución de Derechos para las Víctimas de Trata, los mecanismos de articulación entre organismos nacionales y provinciales, las nuevas modalidades de captación utilizadas por las redes criminales y las estrategias para fortalecer la investigación, la asistencia integral y la restitución de derechos. En ese marco, Tierra del Fuego expuso la experiencia que viene desarrollando a través del trabajo articulado entre la Secretaría de Derechos Humanos e Igualdad, la Justicia Federal, las fuerzas de seguridad y los organismos que integran el sistema de protección de derechos. Asimismo, presentó propuestas orientadas a fortalecer la asistencia y la restitución de derechos de las víctimas, las cuales fueron acompañadas por representantes de distintas provincias. La participación de la provincia en este espacio reafirma el compromiso del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia con el desarrollo de políticas públicas integrales, federales y con perspectiva de derechos humanos, fortaleciendo la articulación entre los distintos niveles del Estado para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas y garantizar el acceso efectivo a la justicia.