La iniciativa de Lechman fue insistida y la legislatura le dio un duro revés al gobierno de Melella

La legislatura de Tierra del Fuego insistió la ley vetada que abrogaba la ley 1529 sancionada en diciembre del 2023 mediante la cual se había convocado a elecciones para reformar la Constitución de la Provincia. Si bien el gobernador Melella había dictado el decreto de convocatoria, semanas atrás los legisladores abrogaron la ley de convocatoria. El gobernador vetó dicha acción y el viernes último los legisladores insistieron la norma que ya no podrá ser vetada por el Ejecutivo. 

La votación se realizó pasadas las 23 horas, durante una sesión ordinaria, y terminó con 11 votos a favor de la insistencia, 3 votos en contra y la ausencia previamente notificada del legislador Federico Sciurano por razones de salud de un familiar.

La decisión legislativa ratificó la derogación de la ley y volvió a colocar al legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, entre los protagonistas de una discusión que atravesó la agenda política, judicial e institucional de la provincia durante los últimos dos años.

Lechman fue uno de los primeros en advertir que avanzar con una Convención Reformadora en este contexto implicaba destinar recursos millonarios a una discusión alejada de las urgencias de la gente. Salud, educación, salarios, infraestructura y servicios públicos fueron parte de los puntos que el parlamentario marcó como prioridades frente a una reforma que, según sostuvo en reiteradas oportunidades, no le resolvía la vida a ningún fueguino.

El recorrido judicial comenzó en agosto de 2024, cuando Lechman presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad contra la Ley 1529 y el decreto de convocatoria a convencionales constituyentes. En esa presentación también pidió una medida cautelar de no innovar para frenar el proceso hasta que existiera una resolución de fondo.

El planteo se apoyó en el vencimiento de los plazos previstos en la propia ley. Para el legislador, el Ejecutivo había dejado vencer el tiempo legal para convocar a elecciones de convencionales y, por lo tanto, el proceso ya no podía continuar avanzando.

La discusión permaneció prácticamente un año bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia. Finalmente, el 5 de agosto de 2025, el máximo tribunal provincial rechazó el planteo de caducidad y habilitó la continuidad de la reforma constitucional, al considerar que la Ley 1529 cumplía con los requisitos constitucionales y que el Decreto 1656/24 había sido firmado dentro del plazo legal.

Frente a esa resolución, Lechman presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al considerar que la sentencia afectaba la división de poderes y validaba un nuevo plazo que no estaba previsto en la ley.

Posteriormente, cuando el Superior Tribunal declaró inadmisible ese recurso, el legislador avanzó con un recurso de queja ante la Corte Suprema, instancia que actualmente continúa pendiente de resolución.

Mientras la discusión judicial seguía abierta, Lechman volvió a mover el debate al terreno parlamentario. Allí impulsó la derogación de la Ley 1529 bajo una premisa concreta: sin la ley que declaraba la necesidad de la reforma, el proceso reformista perdía sustento político y legislativo.

La primera definición legislativa relevante llegó durante la madrugada del 1 de mayo, cuando la Cámara derogó la Ley 1529 por 11 votos contra 4. Días después, Gustavo Melella vetó esa decisión e intentó sostener la continuidad del proceso constituyente.

La respuesta llegó este viernes, pasadas las 23 horas, en una sesión ordinaria. La Legislatura insistió con la derogación de la Ley 1529 y rechazó el veto del Ejecutivo por 11 votos a favor y 3 en contra, con la ausencia de Federico Sciurano.

Con esa votación, la reforma constitucional quedó sin efecto en el plano legislativo. También quedó frenado un gasto superior a los 8.000 millones de pesos para elegir convencionales constituyentes, montar la estructura electoral y sostener el funcionamiento de una Convención Reformadora.

La posición de Lechman, primero en la Justicia y luego en el recinto, terminó acompañada por una mayoría legislativa que volvió a poner el eje en las prioridades de la provincia. Tierra del Fuego no avanzará con una reforma cuestionada por su costo, por la falta de consenso político y por estar lejos de los problemas concretos que atraviesan los fueguinos.