Multitudinaria Marcha Federal Universitaria en Tierra del Fuego

Miles de fueguinos se movilizaron en Río Grande y otras Ushuaia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Docentes, no docentes, estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales cuestionaron las políticas del presidente Javier Milei y advirtieron sobre el deterioro salarial, el impacto en las obras sociales y el riesgo de vaciamiento de la educación pública.

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo este martes una contundente expresión en Tierra del Fuego, con una de las movilizaciones más numerosas registradas hasta el momento en defensa de la universidad pública y en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei.

En Río Grande, la concentración principal se desarrolló en la Plaza de las Américas, donde confluyeron columnas de estudiantes, docentes, no docentes, jubilados, organizaciones sindicales, agrupaciones sociales y partidos políticos. La convocatoria tuvo como eje central el reclamo para que el Ejecutivo nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso Nacional.

La movilización partió desde la Facultad Regional Tierra del Fuego de la Universidad Tecnológica Nacional, encabezada por el decano Ing. Francisco Javier Álvarez y el vicedecano Ing. Demian Ferreyra. También participaron el secretario general de FAGDUT, Lic. Fabio Seleme; la dirigente de APUTN Ana Milano; integrantes del Centro de Estudiantes Tecnológicos encabezados por Julio César Lozano; además de familias y referentes de distintos sectores de la comunidad, informó Radio Universidad.

Las distintas columnas avanzaron por las calles de la ciudad acompañadas por agentes municipales de Tránsito, en una jornada marcada por consignas en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional.

“Los salarios ya no alcanzan y las familias no tienen cómo responder”

Durante la cobertura realizada por Radio Universidad 93.5 MHz, el decano de la UTN fueguina, Francisco Javier Álvarez, explicó que la situación económica de trabajadores universitarios se agrava mes a mes y aseguró que el mayor impacto lo están sufriendo los no docentes.

“Hoy es un día muy importante porque realmente, dada la situación que se está dando y que no se ha cumplido con la ley como se había votado, la situación de los docentes se está empeorando cada vez más”, expresó.

Álvarez remarcó que los salarios perdieron gran parte de su poder adquisitivo y señaló que muchos trabajadores deben recurrir a empleos complementarios para sostenerse económicamente.

“Los no docentes, que tienen en la universidad su única fuente de ingreso, ya han perdido más del 60% del poder adquisitivo. Hay gente que está haciendo delivery o manejando taxis para poder salir adelante”, sostuvo. Asimismo, advirtió sobre el impacto que la caída salarial está generando en las obras sociales universitarias.

“La obra social se mantiene con los aportes de docentes y no docentes. Como los ingresos fueron cayendo, se están generando deudas y las prestaciones empiezan a complicarse”, alertó.

El decano también vinculó la situación universitaria con el deterioro económico general que atraviesa Río Grande y expresó preocupación por el futuro productivo y social de la ciudad.

“Veo una ciudad que empieza a sentir los embates y no quiero que pase como en Sierra Grande, que terminemos siendo un pueblo fantasma”, manifestó.

Críticas al ajuste y defensa de la investigación

Álvarez cuestionó además la falta de apoyo a la investigación científica y tecnológica, destacando el rol que cumple la UTN fueguina en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo satelital argentino.

Recordó especialmente la participación de la universidad en la estación de monitoreo ubicada en Tolhuin y el trabajo de estudiantes y graduados en iniciativas científicas nacionales.

“Hace poquito nos llenábamos la boca hablando del satélite argentino y la estación que está funcionando en Tolhuin, donde nosotros intervenimos en gran parte y está manejada por alumnos nuestros”, señaló. En ese sentido, consideró que existe una política de hostigamiento hacia la educación pública.

“Creo que están tirando de la soga para ver hasta dónde se llega. Detrás de esto hay familias y las familias no tienen cómo responder”, afirmó.

“La ley se consiguió en la calle y en la calle la vamos a defender”

Por su parte, el presidente de FAGDUT, Fabio Seleme, aseguró que la movilización tuvo como objetivo exigir que el Gobierno nacional acate una ley votada democráticamente y respaldada judicialmente.

“Estamos reclamando simple y sencillamente que el gobierno de Milei cumpla con la ley que fue votada por el Congreso, ratificada después del veto y respaldada por la Justicia”, expresó antes del inicio de la marcha.

El dirigente confirmó además que durante el acto en la Plaza de las Américas se leyó el documento nacional consensuado por las universidades y organizaciones participantes de la protesta.

Seleme sostuvo además que el conflicto universitario ya excede lo salarial y se transformó en una disputa política e institucional en torno al modelo de país.

“El nivel de delirio y de persecución que tiene Milei contra la universidad hace que la única solución parezca venir de la calle. Así sacamos la ley y así debemos hacerla cumplir”, enfatizó.

“Sin docentes no hay futuros profesionales”

A su turno, el presidente del Centro de Estudiantes Tecnológicos, Julio César Lozano, explicó que el desfinanciamiento no sólo afecta los salarios docentes sino también el funcionamiento integral de las universidades.

“El problema no es solamente el bolsillo de los docentes. También están las becas estudiantiles, los insumos para laboratorio y un montón de cuestiones que impactan directamente en nuestra formación”, sostuvo.

Lozano remarcó que los estudiantes ven con preocupación el deterioro de las condiciones académicas y advirtió que el ajuste compromete el futuro profesional de miles de jóvenes. “Ellos son quienes nos forman como futuros profesionales y sin ellos nunca vamos a llegar al objetivo de recibirnos”, expresó.

Finalmente, se mostró esperanzado en que la masividad de las movilizaciones genere un cambio de rumbo en la política universitaria nacional.
“Por lo que se ve, esta marcha va a ser más multitudinaria que las anteriores. Cada vez sale más gente a manifestar su desacuerdo con las medidas que están tomando”, concluyó. 

El documento completo

Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo.

La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional.

El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema.

La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario.

La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas.

Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina. La progresiva pérdida salarial causa además la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios.

El sistema de apoyo al acceso, ingreso, sostenimiento y graduación de las y los estudiantes ha sufrido un profundo deterioro que vacía de contenido una política pública fundamental para garantizar el derecho a la educación superior. Las principales becas nacionales como las Becas Progresar permanecen congeladas frente a una inflación creciente, perdiendo gran parte de su poder adquisitivo y dejando de cumplir su función de acompañamiento económico para miles de jóvenes trabajadores y sectores populares.

Del mismo modo, las Becas Estratégicas Manuel Belgrano atraviesan una situación de incertidumbre y desfinanciamiento que afecta especialmente a estudiantes de áreas estratégicas para el desarrollo nacional. La reducción y el deterioro de estas políticas expulsan estudiantes del sistema universitario, profundizan las desigualdades sociales y ponen en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes puedan continuar sus estudios. Las becas vinculadas a las vocaciones científicas (EVC) también se encuentran suspendidas siendo el principal instrumento de sostenimiento de esas vocaciones a nivel nacional.

El poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023. Actualmente esa tendencia se intensificó y se ha perdido, durante la gestión del actual gobierno, el equivalente a casi 9 meses de transferencias.

Sin embargo, la crisis no es solo presupuestaria, como ciudadanas y ciudadanos debemos denunciar con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático de la división de poderes en nuestra nación. El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho.

La Universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar; siempre hicimos notar que si se atenta contra el sistema de educación pública, se lesionan las condiciones de igualdad y el horizonte posible de reducción de asimetrías y atención de los problemas colectivos desde lo público. La educación es y debe ser el medio para reducir las desigualdades y la exclusión en la sociedad argentina.

La universidad pública y el sistema público de investigación, desarrollo e innovación son factores fundamentales de la economía del país, recursos estratégicos para una industria nacional con capacidad para competir en el mundo, agregar valor a la materia prima, generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables. Además, necesita movilizar toda la creatividad que el mundo de las artes y del conocimiento de lo humano aportan para que un país se piense. Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo.

La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo.

Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública.

No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora ¡La universidad pública se defiende! ¡Por más y mejor educación pública y ciencia!

Fuente: Radio Universidad