En un 1 de mayo marcado por la tensión política, el Gobierno de Gustavo Melella publicó el Decreto N° 751/26 para elegir convencionales constituyentes el próximo 9 de agosto. Casi simultáneamente, la Legislatura sesionó de madrugada para abrogar la Ley 1529, base legal de la convocatoria.
En el Boletín Oficial N° 6067 con fecha del 1 de mayo el Ejecutivo Provincial publicó el decreto N° 751/26 que lleva la firma del gobernador Gustavo Melella y del ministro Jefe de Gabinete, Jorge Canals.
La provincia atraviesa una de las pujas de poder más complejas de su historia reciente. En plena madrugada del feriado por el Día del Trabajador, el escenario político fueguino se fracturó en dos direcciones opuestas: mientras el cuerpo legislativo dejaba sin efecto la herramienta legal para reformar la Carta Magna, el Boletín Oficial publicaba la convocatoria oficial a las urnas.
El contraataque de la Legislatura
Bajo el impulso del legislador Lechman, la Legislatura Provincial logró el respaldo de la mayoría para abrogar la Ley Provincial N° 1529. Esta normativa, sancionada originalmente el 13 de diciembre de 2023, era la que declaraba la necesidad de la reforma parcial de la Constitución Provincial. Con esta maniobra, el Poder Legislativo intenta frenar un proceso que ellos mismos habían iniciado hace más de dos años, argumentando un cambio en la oportunidad y conveniencia política del proceso.
El Decreto de Melella y el respaldo judicial
Casi al mismo tiempo, el gobernador Gustavo Melella hizo efectivo el Decreto N° 751/26, fechado técnicamente el 29 de abril pero publicado este viernes 1 de mayo. El Ejecutivo fundamenta su decisión en un mandato judicial:
Manda Judicial: El decreto cita la Sentencia T. 54 Folio 83/122, que ordenó garantizar la continuidad del proceso de reforma tras desestimar acciones de inconstitucionalidad previas.
Convocatoria: El Artículo 1° del decreto fija la fecha de elecciones para el 9 de agosto de 2026, donde se deberán elegir quince (15) convencionales titulares y ocho (8) suplentes.
La situación plantea un vacío técnico-jurídico sin precedentes. Por un lado, el Gobierno sostiene que está cumpliendo con una orden del Superior Tribunal de Justicia basada en una ley que estaba vigente al momento de firmarse el decreto. Por el otro, la Legislatura afirma que, al no existir ya la Ley 1529, la convocatoria carece de sustento legal.
Esta puja no solo enfrentará las visiones políticas de los dos poderes, sino que obligará al Poder Judicial a determinar si un decreto basado en una ley derogada a posteriori conserva su validez, o si la voluntad del legislador actual prima sobre los plazos judiciales establecidos. Por el momento, el cronograma electoral sigue su curso en el papel, pero la incertidumbre política domina la capital fueguina.