El Fiscal Acusador, en este caso ejercido por el representante de los Abogados de Río Grande, Dr. Abdo González Saber; resolvió el viernes materializar la acusación y correr traslado del mismo a los demás consejeros que, como primera medida, adoptaron la decisión de suspenderlo en el cargo mientras se desarrolla el proceso establecido en la Ley Provincial 525, referido al “Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público del Poder Judicial”.
González Saber, acusó al juez Daniel Mario Cesari Hernández por mala conducta e inhabilidad moral, al cometer maltrato tanto a presuntas víctimas como a empleados judiciales y funcionarios, peritos y policías.
Por otra parte, acusa al Magistrado de morosidad y negligencia reiterada en el cumplimiento de sus funciones, al cometer acumulación de causas y demoras en el proveimiento, como consecuencia de la ineficiente organización laboral que implementó.
Asimismo, le imputa mala conducta y/o inhabilidad moral sobreviniente al pretender modificar conclusiones periciales; todo ello de acuerdo a las declaraciones testimoniales y pruebas que están volcadas en la causa penal que se le inició.
Por estas razones, el fiscal solicitó la suspensión del magistrado.
Antecedentes del caso
Cabe recordar que el pasado 13 de marzo, el gremio de la Unión Empleados de Justicia de la Nación, hizo una protesta frente a las oficinas del Juzgado de Instrucción N°1 para visibilizar las denuncias por “violencia y acoso laboral”, contra Cesari Hernández.
Los reclamos rápidamente hicieron eco, por lo que desde el propio Superior Tribunal de Justicia se dispuso llevar adelante una investigación, la cual derivó en que la jueza Cecilia Cataldo (a cargo de la investigación), resolviera notificar de Derechos y Garantías Procesales al magistrado Cesari Hernández al imputarlo de los delitos que se atribuían.
Ante esta situación, se dio intervención al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y remoción de funcionarios y magistrados.