El proyecto se encuadra dentro de la Constitución Nacional, no se trata de una nueva herramienta sino de su implementación en la justicia fueguina. En la Argentina, once provincias llevan adelante este mecanismo en distintos ámbitos de la Justicia.
La legisladora Mónica Acosta contó que buscan “un cambio de paradigma de impartir y administrar justicia, tal como la conocemos en nuestra Provincia, juicios por jurado no es algo nuevo, está instituido constitucionalmente”. En tanto, el asunto fue girado a las comisiones de Legislación General y de Justicia.
“Esperamos enriquecer el debate”, manifestó Acosta y explicó que la intención de la iniciativa es “orientarlo a los casos penales, con condenas o privativas de la libertad, mayores a los 6 años, para individuos; y además contar con una herramienta más a la hora de juzgar desfalco contra la administración pública, contra el patrimonio”, dijo.
Se trata de “un proyecto de avanzada, que democratiza la justicia. Está pensado en 8 participantes y 8 suplentes”, detalló la legisladora del oficialismo.
Como requisito para integrarlo, la iniciativa propone contar con estudios superiores y será el Poder Judicial quien deberá llevar adelante el proceso de selección en cuanto a la fórmula de selección, para lo que deberán tener en cuenta el padrón electoral.
El proyecto, “tiene dos cuestiones centrales: basarse en los elementos de prueba; y el veredicto, si es inocente o culpable. Hay tres instancias de debate, ya sea para determinar o establecer la culpabilidad con 7 de los 8 tribunos, por lo menos, y en el caso de las absoluciones se necesitan 5 votos favorables. En caso de no mediar acuerdo, la tercera instancia es la absolución”, detalló Mónica Acosta.
La Parlamentaria reflexionó: “Estamos en una etapa donde, en nuestro país que interpela y cuestiona la división de poderes de manera constante, y esto se convierte en una herramienta importante que se pondrá en valor en los debates de las próximas comisiones, la deuda que tenemos con la sociedad debemos llevarla al entendimiento de poder pertenecer a un espacio de discusión en un momento de muchos cuestionamientos, desde la clase política, la sindical, el Poder Judicial y demás”, dijo. “Todo lo que sirva para poder poner a la ciudadanía como protagonista vale la pena llevarlo adelante”, analizó Acosta.
De convertirse en Ley, el texto podrá aplicarse en todo el ámbito de lo penal, “con casos de condenas que se prevean superiores a los seis años. Contamos con casos testigos de otras provincias que los tienen implementados, por ejemplo, en lo civil y comercial, en casos de empresas. Pretendemos que sea parte del presupuesto y que puedan tener acceso todos los ciudadanos y apuntamos a que no haya una división de clases entre quien merece y quien no ser defendido” informó.
Por último, Acosta aseguró contar con apoyo para el tratamiento y tener “muchas expectativas. Tenemos opiniones y nos hemos reunido con el Superior Tribunal de Justicia para conocer sus miradas, los invitaremos para que aporten y mejoren la propuesta”, cerró.