Amnistía Internacional denunció barreras para la implementación del aborto en Tierra del Fuego

La directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey detalló el estudio realizado en el ámbito de la provincia y en este sentido, aportó que buscan conocer los “desafíos, barreras y oportunidades de lo que es el acceso de las mujeres y personas gestantes” a ese texto.

Ayer fueron recibidas por el Legislador Pablo Villegas, titular de la Comisión de Seguridad en la Legislatura. Allí, García Rey contó que se reunieron con profesionales de Río Grande y la capital fueguina y compartieron el diagnóstico que eleva ese organismo de derechos humanos. Esperan también dar lugar a que el Parlamento fueguino se involucre, ya que entendió que el ejercicio de los DDHH “es un todo” que incluye agendas como la de vulnerabilidad en materia legislativa sobre aborto.

 “Los comités nacionales o locales han tenido un rol fundamental y creemos que con un marco normativo mucho más favorable, garanticen que en la atención no existan malos tratos o situaciones de torturas y que se respeten los derechos de las mujeres”, señaló. Asi, entendió que como titular del Comité provincial Ley provincial N° 857, puede requerir información al Poder Ejecutivo fueguino sobre diversas cuestiones vinculadas a la IVE, “la rendición de cuentas de la política pública en Tierra del Fuego”.

Amnistía Internacional es un ámbito de diálogo, relató la funcionaria, “para pensar articuladamente cómo implementar los marcos legales en la realidad de las mujeres” en la aplicación de la Ley nacional N° 27.610. En este sentido apuntó al nosocomio riograndense, donde no se aplica la normativa “y las mujeres –a partir de las 12 semanas- tienen que trasladarse a Ushuaia”, describió.

 Finalmente reiteró que “vamos a presentar un reclamo administrativo para generar esos espacios de diálogo que nos permitan articular y pensar mejor cómo sortear esta instancia”.

El 30 de diciembre de 2020, el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La Ley reconoce el derecho de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 (catorce) inclusive del proceso gestacional. Asimismo, sostiene el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando éste es producto de una violación, o cuando está en riesgo la vida o la salud de la persona gestante.