En la Legislatura provincial fue presentado un proyecto de ley para la creación de un “Programa de Inclusión Laboral de las Personas Víctimas del Delito de Trata y Explotación”, de acuerdo a lo previsto por la Ley Nacional 26.364.
El proyecto, presentado ante el Poder Legislativo por el legislador provincial Emmanuel Trentino, del bloque FORJA, corriente a la que pertenece el actual gobernador Gustavo Melella, forma parte de una política de Estado que viene impulsando a lo largo y ancho del país el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, dirigido por Gustavo Vera, y como parte del despliegue federal del Plan Bienal 2022-2024.
La normativa propuesta, invita a los municipios de Río Grande, Tolhuin, y Ushuaia, a “dictar en sus respectivas jurisdicciones normas similares a la presente ley”. Asimismo destaca que tres iniciativas de igual tenor ya han sido sancionadas en las legislaturas de Catamarca, Chaco y Salta, y otras cinco se encuentran en estado parlamentario (Jujuy, Santa Cruz, Rio Negro, Neuquén y Tucumán). Del mismo modo, el proyecto refiere que a nivel municipal ya han sido aprobadas ordenanzas “en más de ciento veinte municipios” de todo el país.
Todo este accionar forma parte de una política de Estado a nivel Nacional, Provincial y Municipal, que hace del acceso al trabajo digno uno de los pilares fundamentales para poder reconstituir el horizonte de vida a las víctimas de trata. En el caso del Estado Nacional, cabe destacar el Programa Nacional de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las competencias laborales para las personas afectadas por el delito de Trata de Personas.
“Como Estado Provincial, tenemos el deber y la obligación de colocar a este colectivo vulnerable en un pie de igualdad con los demás residentes de la provincia, para acceder al ámbito laboral, ya que después del rescate, la búsqueda y obtención de un trabajo se convierte en una de las mayores dificultades que se les presentan a las víctimas, la imposibilidad de obtener un ingreso económico que les permita el auto sustento, ante ese fracaso, nuevamente son captadas”, manifiesta el proyecto de ley presentado en la legislatura fueguina, al tiempo que recuerda que la inserción laboral procura brindar a las víctimas “las herramientas idóneas para acceder a la concreción de su proyecto de vida por sus propios medios”.
En su articulado, se dispone un beneficio a las personas físicas o jurídicas que contraten como empleado/a a personas víctimas de trata y explotación, consistente en el reintegro de las cargas sociales durante un período de un año, plazo que podrá ser prorrogado por seis meses.
El Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, por su parte, deberá garantizar la capacitación laboral remunerada a las personas que acrediten la falta de antecedentes laborales y/o educativos que les impidieran acceder a los derechos reconocidos en la nueva ley. El mismo organismo estará encargado de garantizar campañas de difusión masivas relacionadas a la promoción de programa de inserción laboral en medios de comunicación.