Buenos Aires, 28 de septiembre de 2026 — A través de un comunicado oficial emitido por la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo nacional anunció una serie de medidas jurídicas, diplomáticas y administrativas para frenar el accionar del Reino Unido en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes.
La decisión principal gira en torno a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte por medio del proyecto denominado "Sea Lion". Ante lo que el Gobierno califica como una actividad ilegítima en la Plataforma Continental Argentina, el presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y al equipo legal del Estado a activar los mecanismos previstos en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para iniciar un procedimiento de arbitraje.
De acuerdo con el documento oficial, la Argentina intimó de manera formal al Gobierno británico a que, en un lapso no mayor a dos semanas, tome las acciones necesarias para impedir el inicio o continuidad de las tareas de explotación en la zona. En caso de vencerse el plazo sin una respuesta favorable, la administración nacional solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) con el fin de salvaguardar los derechos soberanos sobre su plataforma.
En los fundamentos, el comunicado recuerda las resoluciones de la Asamblea General de la ONU: la Resolución 2065 (XX), que reconoció formalmente la disputa de soberanía y llamó a entablar negociaciones pacíficas, y la Resolución 31/49, que exige a las partes no incurrir en actos que impliquen modificaciones unilaterales sobre el territorio en litigio mientras transcurran dichas conversaciones.
El comunicado también sienta postura frente al cruce bilateral posterior al discurso pronunciado por el mandatario argentino en la sede de las Naciones Unidas. El Gobierno rechazó en términos enérgicos la respuesta británica, desestimando la condición de "Territorio Británico de Ultramar" asignada por Londres a las islas, así como el referéndum celebrado por los isleños en 2013, remarcando que carece de reconocimiento internacional y no altera la controversia de fondo.
Por último, el Ejecutivo denunció penal y administrativamente la detección de operaciones aéreas realizadas por la empresa británica THALES UK LIMITED en la ruta Malvinas – Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica y sin los permisos correspondientes de las autoridades de aviación argentinas. Ante este hecho, se ordenó impulsar procedimientos sancionatorios, denuncias ante la Justicia y gestiones diplomáticas de reclamo.
"La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza", concluye el texto firmado por el jefe de Estado, ratificando el reclamo histórico sobre el archipiélago austral.