Milei ratificó la Base Naval en Ushuaia y anticipó sanciones para empresas que operen en Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó anoche un mensaje por cadena nacional en el que anunció una batería de decisiones vinculadas al reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Entre las medidas centrales, adelantó la firma de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el objetivo prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y potenciar las capacidades de telecomunicaciones en la región.

"Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina", afirmó el mandatario, al justificar la inversión en la provincia como parte de una estrategia de defensa nacional de más largo alcance.

La base naval, en el centro de la estrategia en el Atlántico Sur

El anuncio ubica a Tierra del Fuego en un lugar central dentro del plan de soberanía que impulsa el Gobierno nacional. Según explicó Milei, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la presencia militar y logística argentina en el Atlántico Sur, en un contexto de mayor disputa internacional por los recursos naturales de la región y por la proyección hacia la Antártida, a la que el Presidente calificó como "uno de los principales focos de interés y competencia" del mundo en los próximos años.

"La Argentina no parte de cero: tenemos en la Antártida la presencia ininterrumpida más longeva del mundo. Quien tenga mayor proyección sobre el Atlántico Sur estará en una mejor posición para defender sus intereses", sostuvo, y agregó que "asegurar nuestra preeminencia en este territorio no es un capricho político, es una cuestión de supervivencia".

El reclamo histórico y el nuevo "peligro" sobre los recursos

En otro tramo del mensaje, el jefe de Estado ratificó la posición histórica argentina sobre el archipiélago: "Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto", dijo, y recordó que el Reino Unido ocupó las islas en 1833 tras expulsar a las autoridades argentinas, lo que a su juicio invalida cualquier argumento de autodeterminación de los isleños basado en referendos.

Milei sostuvo que en los últimos tres años su gestión obtuvo 18 resoluciones y declaraciones de organismos internacionales en apoyo al reclamo argentino y presentó más de 60 propuestas formales frente a acciones unilaterales británicas. También mencionó declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien —según citó Milei— sostuvo que "los Estados Unidos están revaluando su posición histórica con relación a Malvinas".

El Presidente advirtió, sin embargo, que la causa enfrenta "un nuevo peligro": el proyecto de explotación petrolera offshore Sea Lion, operado por las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, que según indicó tiene fecha para iniciar actividades en los próximos meses. "Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar", advirtió, y aclaró que existen además "otros proyectos y otras empresas" con intereses similares en las islas.

Sanciones a empresas y un consejo de seguridad nacional

Para responder a esta situación, Milei anunció que la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las islas. Además, confirmó la firma —esa misma noche— de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659 contra quienes participen de la extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.

El Gobierno también avanzará en la inhabilitación para operar en el país de las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos no autorizados en Malvinas, así como de sus accionistas, directores y proveedores. "Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino tendrán que elegir entre una puesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas", sentenció.

A esto se sumará un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el Ejecutivo enviará al Congreso con carácter urgente. La iniciativa busca endurecer las penas de la Ley 26.659, extender las sanciones a proveedores de las empresas involucradas, habilitar el juicio en ausencia para los infractores y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, con facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas a la seguridad nacional.

Un llamado a la unidad política

Milei enmarcó el paquete de medidas en lo que definió como una "causa nacional" que debe estar por encima de las diferencias partidarias. "Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, podemos discutir mis formas, podemos estar en desacuerdo sobre la política fiscal o cambiaria, pero este tema demanda una pausa (...) y mostremos un frente unido ante el mundo, como nación y como sociedad", expresó, e invitó a toda la dirigencia política, económica y social del país a sumarse "con una misma voz" al reclamo.

El mensaje presidencial cerró con una apelación directa: "Como nación tenemos por delante dos caminos. O nos convertimos en una gran nación capaz de defender de verdad nuestra soberanía, o persistimos en un sendero de deterioro que nos conducirá inevitablemente al sometimiento".