Con el objetivo de ordenar el uso de los espacios naturales y mitigar el impacto ambiental, el legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) presentó un proyecto de Ley para regular las actividades de senderismo y trekking en todo el territorio provincial. La iniciativa, registrada como el Asunto Nº 014/26, ya tomó estado parlamentario y será analizada por las comisiones de Recursos Naturales y Turismo (Nº 3) y la de Medio Ambiente (Nº 4).
En los fundamentos del proyecto, Lapadula advirtió sobre las consecuencias del actual vacío normativo. Según el parlamentario, el uso "intensivo y desordenado" de los senderos ha derivado en una marcada erosión del suelo, degradación de la vegetación nativa y acumulación de residuos, afectando tanto a las áreas naturales protegidas como a las que no cuentan con ese estatus.
“La ausencia de reglas claras dificulta la preservación de estos entornos para las generaciones presentes y futuras”, enfatizó Lapadula, señalando la urgencia de establecer una autoridad de aplicación con herramientas de control específicas.
Deberes, seguros y sanciones
El proyecto, que consta de 16 artículos, establece un marco de conducta para los caminantes. Entre las normativas más destacadas, se especifica la obligatoriedad de contar con un seguro, la prohibición absoluta de encender fuego para cualquier propósito y la restricción de actividades en zonas no habilitadas.
Asimismo, la ley tipifica como infracciones graves el abandono de residuos, el daño a la infraestructura natural o civil (incluyendo graffitis) y el encendido de fogatas, estableciendo un régimen de sanciones que busca desincentivar las conductas irresponsables en la montaña.
Estado del proyecto: Tras su ingreso en la primera sesión ordinaria del año, el documento iniciará ahora su ronda de debates técnicos en las comisiones de la Cámara para evaluar su viabilidad y posibles modificaciones antes de llegar al recinto.
Infraestructura y concesiones: el nuevo modelo de gestión
Uno de los puntos clave de la propuesta (Artículo 13) es la facultad que se le otorgaría al Poder Ejecutivo para concesionar senderos y áreas de alto tránsito. El objetivo de esta medida es permitir que el sector privado, bajo estricto control estatal y criterios de sustentabilidad, dote a estos espacios de:
Servicios básicos: Instalación de sanitarios y estacionamientos.
Seguridad: Creación de accesos seguros y mantenimiento de la traza.
Sustentabilidad: Reducción de la carga operativa directa sobre el Estado, delegando la gestión de servicios al visitante.