El Ministerio de Capital Humano anunció oficialmente la conclusión del programa Volver al Trabajo (VAT), una medida que, según la cartera, responde a una planificación estratégica iniciada tras la reformulación del antiguo "Potenciar Trabajo". Con el pago de la última cuota liquidada durante este mes de abril, el Gobierno Nacional da por finalizado este ciclo de dos años para centrar sus esfuerzos en la formación profesional y el refuerzo de las asignaciones de seguridad social.
A diferencia de los esquemas de asistencia previos, el VAT fue diseñado para eliminar las barreras de acceso al empleo registrado. Desde el Ministerio destacaron que el programa buscó romper con la intermediación de organizaciones sociales, facilitando la transición de los beneficiarios hacia el mercado laboral formal a través de capacitaciones impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral.
Como parte de esta transición, quienes manifestaron interés previo al cierre del programa podrán acceder a vouchers para cursos de oficios. Esta iniciativa busca garantizar que los ciudadanos cuenten con herramientas técnicas para insertarse en el sector privado sin depender de subsidios temporales.
La finalización del VAT coincide con una reorientación de los recursos estatales hacia políticas que el Gobierno considera de "mayor impacto social". En este sentido, el Ministerio de Capital Humano subrayó un fortalecimiento histórico en las prestaciones destinadas a la niñez y la familia:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y AUE: Registraron un incremento del 561%.
Tarjeta Alimentar: Los montos se elevaron en un 137,5%.
El eje central de esta nueva etapa es la consolidación de un sistema de asistencia directa. Según el comunicado oficial, el objetivo es garantizar que los sectores más vulnerables reciban el apoyo del Estado sin gestores ni intermediaciones que condicionen su libertad.
"Se implementan políticas que generan incentivos reales para la inserción en el empleo formal", concluyeron desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello, reafirmando el compromiso de priorizar el gasto público en beneficios directos que fomenten la autonomía de los beneficiarios.