En una sesión marcada por el debate sobre la institucionalidad y el cumplimiento de las normas provinciales, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó el viernes un pedido formal de informes dirigido al Poder Ejecutivo para esclarecer la designación de Maximiliano D’Alessio como representante de la provincia en el directorio de YPF.
La iniciativa, impulsada por el legislador Jorge Lechman, establece un plazo "perentorio e improrrogable" de 48 horas para que el Gobierno provincial brinde las explicaciones pertinentes y remita toda la documentación respaldatoria sobre el nombramiento.
El foco en la Ley 1012
El eje del reclamo parlamentario radica en el cumplimiento de la Ley Provincial 1012. Según establece la normativa vigente, cualquier designación de un representante fueguino ante la petrolera estatal debe ser realizada por el Poder Ejecutivo bajo la modalidad ad referéndum de la Legislatura.
Esto implica que, sin la ratificación o conformidad de la Cámara, el profesional designado no se encuentra facultado para asumir formalmente sus funciones en el directorio de la compañía.
Durante el tratamiento del proyecto el pasado viernes, Lechman subrayó que el objetivo primordial es verificar si el Ejecutivo omitió informar a la Cámara de manera deliberada o si existieron irregularidades en el procedimiento legal.
"Buscamos determinar si se ha respetado el mecanismo que la ley impone para este tipo de cargos estratégicos", señalaron fuentes legislativas tras la votación.
La resolución aprobada no solo solicita el estado administrativo de la designación de D’Alessio, sino que obliga al envío inmediato de sus antecedentes y del expediente completo que motivó su elección. El vencimiento del plazo de 48 horas pone ahora la presión sobre la administración central, que deberá responder antes del cierre de la semana para evitar mayores fricciones institucionales.