Tierra del Fuego adhiere a convenios nacionales para fortalecer la lucha contra delitos económicos y la busqueda de personas

El Gobierno Provincial participó del Consejo de Seguridad Interior 2026 que se desarrolló este lunes en el Centro de Convenciones Córdoba. Encabezó la jornada, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva junto a Ministros y representantes de seguridad de todo el país. En representación de la provincia de Tierra del Fuego AIAS, estuvo el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela.

El Consejo de Seguridad Interior es un organismo político-técnico de coordinación de las políticas de seguridad entre el Gobierno nacional y las provincias para el abordaje y combate de delitos y situaciones que afectan la seguridad interna, en el marco de la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059.

Durante la jornada de trabajo, Tierra del Fuego rubricó dos convenios de adhesión con Nación. Se trata de la incorporación al Consejo Federal de Delitos Económicos y la firma de un convenio para unificar criterios en la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente en casos vinculados a la trata de personas.

El primer acuerdo implica la adhesión de la provincia al Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio creado en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional. Este consejo tiene como objetivo fortalecer la coordinación entre Nación, las 24 jurisdicciones y las fuerzas policiales y de seguridad, tanto federal como local, para mejorar la prevención e investigación de delitos económicos.

El Consejo funcionará como un ámbito federal de articulación e intercambio de información, conectando a las áreas especializadas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Permitirá mejorar el seguimiento de investigaciones, compartir información estratégica y facilitar asistencia técnica de las fuerzas federales cuando las jurisdicciones lo requieran, especialmente en casos con impacto interjurisdiccional. Asimismo, posibilitará analizar y difundir tipologías delictivas, alertas tempranas y buenas prácticas investigativas vinculadas a fenómenos como la falsificación de moneda, el contrabando, los fraudes y las estafas que suelen replicarse entre distintas provincias.

El segundo convenio establece la adhesión a una guía técnica especializada diseñada para optimizar las investigaciones de desapariciones vinculadas a la trata de personas. A través de este instrumento, Nación y Provincia se comprometen a implementar buenas prácticas y capacitaciones conjuntas, sin alterar sus competencias legales ni generar gastos presupuestarios adicionales. La alianza busca fortalecer la cooperación institucional y la eficiencia operativa de las fuerzas policiales en todo el territorio bajo un marco de autonomía jurisdiccional.

Entre las acciones de implementación conjunta se destacan la difusión de la guía en las instituciones relevantes, el desarrollo de programas de formación técnica para los agentes involucrados en la investigación y el fortalecimiento de los vínculos entre Nación y Provincia para facilitar la operatividad de los protocolos.

Al respecto, el viceministro de Coordinación de Gabinete, Gonzalo Valenzuela, subrayó que “estos convenios representan un salto cualitativo en nuestra capacidad de respuesta frente a delitos que trascienden las fronteras provinciales. La adhesión al Consejo Federal de Delitos Económicos nos permitirá contar con información estratégica y asistencia técnica para combatir el crimen organizado de manera más eficaz”.
En cuanto al acuerdo sobre búsqueda de personas, Valenzuela agregó que “la unificación de criterios en la investigación de desapariciones, especialmente en casos de trata, es fundamental para garantizar una respuesta rápida y coordinada. Con esta guía técnica, nuestras fuerzas policiales estarán mejor preparadas para actuar en red con otras jurisdicciones, optimizando recursos y salvando vidas”. > Fin del Mundo - Prensa y Difusión: Ambos convenios refuerzan el compromiso de la provincia de Tierra del Fuego con la seguridad y la justicia, en el marco de una política federal que busca articular esfuerzos para enfrentar los desafíos delictivos actuales.