La Provincia deberá pagar las costas por demorar más de un año una pensión por discapacidad

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego dictó un fallo que sienta un precedente sobre los tiempos de la administración pública. La Corte provincial declaró abstracta una causa de Amparo por Mora presentada por una vecina, pero impuso las costas del juicio al Gobierno Provincial debido a la "injustificada postergación" en el otorgamiento de una pensión por discapacidad.

El origen del conflicto

La demandante, una mujer identificada bajo las iniciales N.M, inició el trámite para obtener su beneficio bajo el marco de la Ley 389 el 14 de agosto de 2024. Sin embargo, la respuesta estatal llegó recién el 28 de octubre de 2025, mediante el decreto que finalmente otorgó la pensión.

Lo relevante del caso es que la solución administrativa apareció solo después de que el Ejecutivo fuera notificado de la interposición del Amparo por Mora. Ante esto, el máximo tribunal consideró que, si bien el objeto del juicio ya se cumplió (otorgar la pensión), el proceso judicial fue provocado por la inacción del Estado.

Fundamentos de la Sentencia

El voto principal, redactado por la ministra Edith Miriam Cristiano, fue contundente al señalar que la tramitación se vio "irrazonablemente postergada". La magistrada destacó que la Provincia no pudo demostrar que la demora fuera responsabilidad de la solicitante o que existieran razones atendibles para tal dilación.

"Se evidencia una injustificada postergación que claramente condujo a la promoción de la presente acción", sostuvo la jueza Cristiano en sus fundamentos.

Los fundamentos de Cristiano fueron respaldados por los ministros jueces: María del Carmen Battaini; Javier Darío Muchnik; Ernesto Löffler; y Carlos Gonzalo Sagastume. 

Estándar de protección para personas vulnerables

Uno de los puntos más destacados del fallo es el llamado de atención del STJ sobre el trato a sectores vulnerables. La Corte advirtió al Ejecutivo que debe aplicar una "mayor rigurosidad del estándar protectorio" en procesos donde intervengan personas con discapacidad.

Los jueces subrayaron que el acceso a la justicia y la celeridad administrativa no son opcionales, sino garantías que el Estado debe asegurar, especialmente cuando está en juego el sustento de personas en situación de vulnerabilidad. Al no cumplirse estos plazos, el Gobierno fue condenado a pagar los gastos generados por el juicio (costas), a pesar de haber otorgado el beneficio finalmente.