El Fiscal de Estado se excusa del juicio contra la ANPYN y lanza duras críticas a la estrategia del Ejecutivo

El Fiscal de Estado, Virgilio Martínez, comunicó formalmente su decisión de no asumir la representación procesal de la provincia en el juicio iniciado contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). A través de un escrito dirigido al Ejecutivo, el funcionario fundamentó su alejamiento basándose en "discrepancias sustanciales" sobre cómo se ha llevado adelante la estrategia judicial hasta el momento.

​Falta de coordinación y "hechos consumados"
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Uno de los puntos más críticos del documento señala que la Fiscalía de Estado fue marginada del proceso de toma de decisiones. Martínez reveló que, si bien existieron contactos informales previos, se enteró de la demanda interpuesta por el Gobernador y el Secretario Legal de la provincia vía correo electrónico, una vez que la presentación ya era un hecho consumado ante los tribunales.

​Según el fiscal, nunca se le solicitó formalmente intervenir en la representación legal de la provincia antes de la presentación, lo que generó un quiebre en la coordinación institucional necesaria para estos casos.

​Divergencias técnicas y estratégicas

​El dictamen de Martínez no solo apunta a las formas, sino también al fondo de la cuestión. El fiscal detalló diferencias profundas respecto a:

• ​La oportunidad: El momento elegido para iniciar la demanda.
• ​La competencia: El tribunal ante el cual se radicó la denuncia.
• ​El objeto: El acto administrativo específico que se pretende impugnar.

​Asimismo, Martínez cuestionó la "inacción del ente autárquico" involucrado, señalando que el conjunto de estas irregularidades le impide asumir la defensa técnica de la provincia con coherencia.

​Investigaciones en curso y Fiscal Ad Hoc

​Como argumento adicional para su excusación, Martínez subrayó que su Fiscalía ya se encuentra realizando investigaciones internas sobre el accionar de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) en el Puerto de Ushuaia.

Esta situación genera una incompatibilidad técnica que refuerza la necesidad de dar un paso al costado.

​Finalmente, tras ratificar su rechazo a la intervención federal del puerto de Ushuaia, el Fiscal de Estado solicitó al Ejecutivo la designación de un fiscal ad hoc para que continúe con el proceso judicial, garantizando así la continuidad de las presentaciones bajo una nueva estructura legal.