sábado 07 de febrero de 2026 - Edición Nº4907

Judiciales

TRAS LA RECONDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO

Acordada del STJ: implementan un plan de restricción del gasto en el Poder Judicial

6 feb 2026 | “Las presentes medidas tendrán vigencia mientras persistan las circunstancias que dieron lugar a su dictado”



​El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego dictó la Acordada 02/2026, mediante la cual estableció un severo plan de restricción de gastos ante el complejo escenario financiero de la provincia. La decisión surge tras el Decreto Provincial N° 32/2026, que dispuso una reconducción presupuestaria con una reducción del 14 % de los recursos que el Poder Judicial había proyectado originalmente.

​Ajuste en recursos humanos e infraestructura

​Uno de los puntos más sensibles de la acordada es la suspensión total de nuevas designaciones de personal, así como el inicio de nuevos concursos, promociones y ascensos mientras se mantengan las actuales condiciones presupuestarias. Asimismo, el tribunal ordenó evaluar "caso por caso" las subrogancias, interinatos y adicionales vigentes para asegurar que correspondan a tareas efectivamente realizadas.


​En cuanto a la infraestructura, se suspendió la celebración de nuevos contratos de alquiler de inmuebles y la compra de equipamiento informático, como computadoras y monitores, salvo casos de extrema criticidad operativa.

​Restricciones operativas diarias

​El plan de austeridad impacta directamente en el funcionamiento cotidiano de los juzgados:
• ​Viáticos y Comisiones: Se suspendió el reconocimiento de viáticos en todos los niveles y se supeditaron las comisiones de servicio a casos excepcionales autorizados por el STJ.
• ​Consumos internos: Se recomendó extremar la austeridad en el uso de papel, energía eléctrica, gas y telefonía.
• ​Parque Automotor: El uso de vehículos oficiales queda limitado a lo estrictamente necesario, priorizando el envío de documentación de forma digital.

​El documento, firmado por los jueces María del Carmen Battaini, Gonzalo Sagastume, Javier Muchnik y Edith Cristiano, aclara que estas medidas serán revisadas cada 90 días para evaluar su impacto y adecuarlas a la evolución de los créditos presupuestarios, garantizando siempre la continuidad de los servicios de justicia urgentes.

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