​La disputa legal por la intervención del Puerto de Ushuaia sumó un nuevo revés para el Gobierno de Tierra del Fuego. En un reciente dictamen, la Unidad Fiscal Ushuaia no solo rechazó la competencia del juzgado federal local para intervenir en el caso, sino que además expuso serias falencias técnicas en la estrategia judicial de la provincia, señalando que se omitió la participación del órgano legal correspondiente.

​​Uno de los puntos más críticos del dictamen firmado por la fiscal Candela Fernández Núñez fue la advertencia sobre un "error legal" en la formulación de la demanda. Según la fiscalía, la presentación carece de la legitimación adecuada, ya que debería haber sido canalizada a través de la Fiscalía de Estado, que es el organismo constitucionalmente encargado de la representación legal de la provincia, y no por las dependencias que lo hicieron originalmente.

​El destino: La Corte Suprema

​En cuanto al fondo del conflicto entre el Ejecutivo provincial y el organismo nacional, la fiscalía fue tajante: al tratarse de una disputa entre dos estados (Provincia vs. Nación), la justicia de primera instancia es incompetente. Bajo esta premisa, la fiscal Fernández Núñez dictaminó que la causa debe tramitarse bajo la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

​Revés para la cautelar

​Además de la incompetencia territorial, la fiscalía rechazó el pedido de la provincia de frenar la intervención de forma inmediata. El argumento principal es que una medida cautelar de ese calibre agotaría el objeto del juicio de manera prematura, algo legalmente improcedente en esta instancia.

​Tras este pronunciamiento, que llega luego de que el juzgado federal se negara a habilitar la feria judicial, la decisión final queda en manos del juez federal de Ushuaia. Si el magistrado acata el dictamen fiscal, la causa se desprenderá del tribunal local y la controversia se trasladará directamente al máximo tribunal del país en Buenos Aires.