​La gestión de Gustavo Melella cerró el año legislativo con un escenario agridulce. Si bien el Ejecutivo provincial logró un triunfo político clave al obtener la ratificación del convenio con YPF y Terra Ignis, sufrió una dura derrota financiera tras la reforma de la Ley de Coparticipación que beneficiará de forma directa a las arcas municipales.

​Terra Ignis asume el control hidrocarburífero

​Con el respaldo de 12 de los 15 legisladores, la Cámara aprobó la cesión del 100% de los derechos, títulos e intereses de YPF sobre siete áreas estratégicas: Lago Fuego, Los Chorrillos y las fracciones A, B, C, D y E de Tierra del Fuego. El acuerdo incluye además una prórroga de explotación por el término de 10 años.

​El traspaso contó con un amplio consenso, aunque no fue unánime. El bloque del MPF (Damián Löffler y Pablo Villegas) y Jorge Lechman (Somos Fueguinos) votaron en contra, marcando su disidencia frente al resto de la bancada opositora.

​El "revés" de la coparticipación

​El punto de mayor tensión se vivió durante el debate de la reforma de coparticipación impulsada por el bloque del Partido Justicialista. Ante los amplios beneficios fiscales que la Provincia otorgó a Terra Ignis —que incluyen la exención de Ingresos Brutos, tasas ambientales y un tope de regalías del 12%—, los legisladores "municipalistas" reaccionaron para proteger los fondos locales.

​La Legislatura aprobó elevar del 20% al 28% el porcentaje de regalías hidrocarburíferas que la Provincia debe transferir a los municipios. El objetivo de esta medida es neutralizar la merma de recursos que las intendencias sufrirían debido a los incentivos impositivos otorgados a la nueva operadora estatal.

​Cruces por el impacto fiscal

​Desde el oficialismo (FORJA), el legislador Federico Sciurano encabezó el rechazo a la reforma, advirtiendo sobre consecuencias económicas severas. Según Sciurano, esta modificación implicará para el Ejecutivo una pérdida de aproximadamente $16.000 millones anuales, poniendo en riesgo el fondo de garantía del "Bono Fuego 2027".

​En la vereda opuesta, la legisladora Victoria Vuoto (PJ) defendió la iniciativa asegurando que busca "evitar que la decisión inconsulta de la gestión Melella impacte negativamente en los municipios". Según sus cálculos, el monto involucrado ronda los $90 millones mensuales ($1.000 millones anuales), cifras que contrastan fuertemente con las proyectadas por el oficialismo.