
Melella señaló: “El Presidente Milei vetó la ley que garantizaba una distribución justa de los Aportes del Tesoro Nacional. Esto perjudica a todas las provincias y, en particular, a Tierra del Fuego, que ve vulnerados recursos fundamentales para atender emergencias y desequilibrios financieros”.
Para el Gobernador la decisión “no se trata solo de una cuestión económica: es un golpe al federalismo y al respeto por las leyes votadas por el Congreso, que representan la voluntad del pueblo argentino”.
Melella advirtió que “desde Tierra del Fuego lo decimos con claridad: no aceptamos ser relegados ni ignorados” y agregó que “vamos a hacer valer lo que nos corresponde, porque está en juego el presente y el futuro de cada familia fueguina”.
El veto a los ATN
El veto a la Ley de los ATN fue formalizado a través del Decreto 652/2025.
El Proyecto de Ley 27.794, sancionado por el Congreso el 20 de agosto de 2025, buscaba modificar el régimen de los ATN, un fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender "desequilibrios financieros y situaciones de emergencia" de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los puntos centrales de la ley vetada eran:
-Redistribución automática: Establecía que los recursos de los ATN serían redistribuidos "en forma diaria y automática" y en las mismas condiciones que la coparticipación federal.
-Integración a la masa coparticipable: Los recursos que la compusieran serían considerados "integrantes de la masa de fondos coparticipable".
-Consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Gobierno, en los considerandos del Decreto 652/2025, argumenta que el Fondo de ATN fue instituido con una "finalidad específica" de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior (actual Vicejefatura de Gabinete del Interior). Implícitamente, el veto busca preservar la capacidad del Ejecutivo de asignar estos fondos de manera discrecional, rechazando la automatización y la integración a la masa coparticipable.