A tres años de la tragedia: Familiares de las víctimas del vuelo sanitario reclaman justicia

Denise Torres García murió junto a otros tres tripulantes de un avión sanitario que explotó al despegar en la ciudad fueguina de Río Grande hace tres años, el 1 julio de 2022. Tenía 30 años y era enfermera.

La tragedia ocurrió cuando emprendía su regreso a Buenos Aires luego del traslado a dicha ciudad de un bebé de cinco meses junto a sus papás. A poco del despegue, la aeronave estalló. Todos los que iban a bordo murieron: Denise, un médico, el piloto y el copiloto.

A tres años del hecho, los familiares siguen luchando para que se haga justicia: en la causa todavía no hubo siquiera indagatorias y apenas tienen en sus manos los recientes informes periciales que revelaron que hubo “negligencia” en el mantenimiento del avión.

La simple falta de un clip de bloqueo en los controles de la aeronave, determinaron las pesquisas, fue la causante del trágico desenlace.

“Sabemos que esto no fue un accidente y pareciera que las investigaciones pretenden no encontrar a los responsables del hecho; nosotros jamás nos daremos por vencidos”, advierte Mónica Ferrara, la madre de Denise.

La demora en la entrega de los informes en el marco de la investigación es, para ellos, una muestra más de la lentitud con la que tramita la causa y del abismo que están teniendo que atravesar para que, algún día, se haga justicia. Si es que llega, porque lo que vislumbran con mayor claridad son las chances de que la impunidad deje al hecho sin responsables.

Qué fue lo que pasó

El 1 de julio de 2022, un Learjet 35A de la empresa Flying America contratado por la compañía ADER/MD FLY Servicios Aéreos -especializada en el traslado de pacientes- partió desde el partido bonaerense de San Fernando hacia Río Grande con un bebé de cinco meses a bordo, junto a su papá y su mamá.

Todo había transcurrido normalmente hasta el momento del regreso. Los papás con su bebé habían llegado a destino y, rápidamente, la vuelta sería emprendida.

Además de Denise Torres García, la tripulación la integraban el médico Diego Ciolfi, el comandante Claudio Canelo y el copiloto Héctor Vittore. A poco de despegar, la aeronave explotó y se incendió al caer. Los cuatro murieron en el acto.

La Junta de Seguridad en el Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte, dentro de la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, presentó recientemente su informe final de la investigación.

Allí, hace referencia a omisiones cometidas en los mantenimientos periódicos de la aeronave y sugiere que, en función de eso y de acá en adelante, el fabricante modifique el manual de uso de ese tipo de avión.

“Sentimos que nos faltan el respeto, a las familias y a las cuatro víctimas”, señala la mamá de Denise.

“El perito oficial también emitió su informe y estamos esperando un último informe para que la causa penal siga su curso. Aguardamos la decisión de la fiscalía y los pasos que seguirán”, completa Ferrara.

Hasta ahora, lo único que se pudo determinar es que la falla ocurrió porque no fue colocado “el clip de bloqueo que une los dos comandos, que habían sido quitados para realizar el mantenimiento” de la aeronave, señala la junta.

Según el informe, en algún momento entre 2016 y 2020, ese clip dejó de colocarse y eso hizo que, luego de muchas horas de vuelo, los comandos terminaran soltándose.

En ese instante, ya no había remedio: el comandante y el copiloto no tenían chances de recuperar el control del Learjet. Y así fue que explotó, se desplomó y dejó tras de sí cuatro historias truncas y heridas indelebles en cuatro familias.

“Hace tres años que estamos esperando algún avance; esto es muy desgastante y, mientras tanto, los responsables siguen como si nada”, plantea Ferrar y agrega: “Hay mucha impunidad en todo esto y nosotros estamos siempre esperando."

La causa en la que se investiga esta tragedia tramita en el Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, con intervención del fiscal Marcelo Rappaport.

Contra viento y marea, la familia de Denise sigue luchando por que se haga justicia y, finalmente, paguen los responsables. “Por ahora elegimos creer en la justicia; es la última esperanza que nos queda, aunque el dolor no desaparecerá jamás”, afirman en una campaña online de recolección de firmas con la que reclaman que no haya impunidad.

“En un país donde vemos a diario que la justicia perdió credibilidad, elegimos confiar y creer que tanto el abogado Francisco Ibarra, la fiscalía y la magistrada Mariel Ester Borruto nos devuelvan la esperanza de que, al menos una vez, no gane la impunidad y haya un castigo ejemplificador, para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, plantea a mamá de la enfermera fallecida.

Fuente: Clarin