Diputados aprobó la emergencia en discapacidad

Luego de la aprobación de mejoras para jubilados, la Cámara de Diputados aprobó la declaración de emergencia para discapacidad. Con 148 votos afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones, dieron luz verde al proyecto presentado por Unión por la Patria.

La emergencia en discapacidad estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, inclusive. La ley aprobada durante la madrugada de este jueves pretende una mejora en las asignaciones que reciben y en la calidad de vida, y contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.

La jornada de ayer estuvo marcada por la marcha multitudinaria frente al Congreso, donde además se impulsaron debates por líneas de financiamientos para la salud pediátrica, la universidad pública y emergencias para zonas afectadas por temporales.

El proyecto que obtuvo luz verde en la Cámara baja propone saldar deudas y actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares). Asimismo, postula aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.

"Es una ley que está fuera de la grieta y busca atender lo que es una verdadera emergencia y crisis profunda que viven las familias y las personas con discapacidad", planteó el bonaerense Daniel Arroyo (Unión por la Patria), autor de proyecto, quien agregó que "cuando un Gobierno designa a un funcionario frente al área de discapacidad, tiene que tener en cuenta que esos funcionarios tienen que tener humanidad".

La iniciativa, que tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, establece una serie de medidas legislativas, administrativas y presupuestarias orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.

Desde el oficialismo acusaron a la oposición de hacer demagogia con las necesidades de un sector vulnerable y dieron a entender que el presidente Javier Milei también lo vetará, junto con los proyectos para aumentar las jubilaciones.