Ordenan a Nación a reparar puente clave en Santa Cruz

Un fallo judicial de singular trascendencia sacude los despachos de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). El Juzgado Federal de Río Gallegos ha dictado sentencia en una causa por “amparo“, instada por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, y ha condenado al Estado Nacional a resolver de manera perentoria el grave deterioro de los puentes sobre el Río Santa Cruz, en la estratégica Ruta Nacional N°3, a la altura de Comandante Luis Piedra Buena. La decisión pone fin a un proceso que se extendió por meses, evidenciando la “inacción estatal frente a un riesgo estructural grave y concreto” que afecta derechos constitucionales fundamentales como la libre circulación y la seguridad de los ciudadanos.

La acción judicial se inició para garantizar el tránsito seguro en un cruce vital para la conexión terrestre de la Argentina. La Ruta Nacional N°3, en este punto (entre el km 2374,72 y el km 2375,27), es la única vía habilitada y practicable para el tránsito pesado y liviano que comunica el norte del país con el sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y el sur de Chile. La alternativa, la Ruta Nacional N°40, es descrita en autos como intransitable para camiones y vehículos comunes en un tramo, apodado con resignación “los 73 malditos“. La relevancia de este puente es, por lo tanto, absoluta.

Según se desprende de la sentencia del Juez Federal Claudio Marcelo Vázquez, el deterioro de la estructura ha quedado largamente probado y reconocido incluso por la demandada. Los informes técnicos incorporados a la causa, y hasta el material gráfico aportado por la propia DNV, muestran “signos visibles de deterioro estructural, incluyendo exposición de armaduras, desprendimientos de hormigón, corrosión de elementos metálicos, fisuras y asentamientos irregulares”. La situación, según el magistrado, configura un “riesgo de catástrofe de grandes dimensiones si el puente llegara a colapsar”.

A pesar de la gravedad de la situación y de una medida cautelar previa que ya ordenaba tareas de mantenimiento y reparación, el Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, no ha acreditado el cumplimiento efectivo en lo que respecta a las intervenciones estructurales comprometidas. Si bien se documentaron avances en el control de peso de los vehículos, una problemática señalada como deficiente y que contribuye al deterioro vial, estas medidas de fiscalización “no sustituyen la ejecución de obras materiales de reparación estructural del puente“. Se implementó una balanza fija operativa las 24 horas en la RN 3, y se gestiona una balanza portátil para el tránsito proveniente de la RN 288, que antes no se fiscalizaba y desde febrero de 2025 se controla selectivamente con un equipo prestado. Estos son pasos importantes, sí, para controlar que los camiones no excedan las 52,5 toneladas permitidas, pero no atacan el problema de fondo del deterioro existente.

Cabe remarcar que este fallo se da en el contexto de trabajadores de Vialidad Nacional, quienes realizan un reclamo con retención de servicios por “el inminente decreto de cierre de Vialidad Nacional”. Jaqueline Bórquez, secretaria general del gremio dijo a La Opinión Austral que “para ellos el organismo es sinónimo de corrupción kirchnerista”.

Ante este panorama de riesgo latente y falta de un plan de obra definido, el Juzgado Federal de Río Gallegos ha sido contundente. La sentencia admite la demanda en todas sus partes y condena al Estado Nacional a garantizar el mantenimiento y operación en “óptimas condiciones” del puente.