
En el proyecto los Diputados piden a Caputo que detalle los siguientes puntos:
1. Créditos presupuestarios vigentes para hacer frente a los compromisos contractuales de Vialidad Nacional.
2. Detalle de los medios técnicos, jurídicos y presupuestarios para proceder a la anulación y/o readecuación de los contratos de obra pública bajo cualquier Sistema de Gestión, ya sean vinculados a la reparación y/o construcción de carriles, mantenimiento de iluminación, banquinas y cortes de pasto, como así también a aquellos que hayan sido celebrados para ejecutar Obras fuera de la Red Vial Concesionada en cualquier formato de contratación público y/o privado.
3. Evaluación de riesgo y costo de litigiosidad administrativa y judicial vinculada al plan de tramitaciones por desvinculación contractual relacionados con terminación de obra y por limitación y/o rescisión de mutuo acuerdo.
4. Detalle del Plan de rehabilitación, explotación de infraestructura vial y la prestación de servicios públicos en la red vial nacional.
5. Detalle completo del Plan de Licitación Pública para la concesión de diversos tramos de rutas Nacionales, realizada bajo el régimen de la Ley 17.520, modificada por la Ley 27.742 “Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" y sus normas reglamentarias.
Entre los fundamentos de la resolución presentada, los Diputados señalan: El Estado Nacional ha decidido dejar expuesta la vida y los bienes de os argentinos que transitan en nuestras rutas nacionales a una suerte de abandono.
Está claro que esta medida derivará en pérdidas materiales y de vidas ante los accidentes que seguramente se ocasionarán en las ya muy deterioradas rutas nacionales que verán rápidamente agravado su deterioro al punto de volverse intransitables.
Lo anterior pone a los funcionarios a tiro de demandas penales por posibles accidentes y víctimas fatales, empezando por el Director Nacional de Vialidad (que responde al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo) que, al cumplir con la orden de dar de baja todos los contratos cualquiera sea la modalidad será el primer responsable directo por las consecuencias derivadas de esta medida.