"Debemos ser controlados y auditados y ya existen instituciones que cumplen esa función"

Pereyra manifestó que las modificaciones que la DPOSS ha realizado a su régimen tarifario, se han materializado siguiendo el procedimiento que marca la ley y que, a pesar que las audiencias públicas tarifarias no son vinculantes, desde el ente sanitario se han tenido en cuenta opiniones de los vecinos que han intervenido como expositores, al punto de efectuar cambios en los proyectos.

"Debemos ser controlados y auditados -dijo Pereyra-. Existen ya instituciones que cumplen esa función, como lo son el Tribunal de Cuentas y la propia Legislatura". Incluso mencionó que "además tenemos la obligación de responder a cada uno de los usuarios dentro de lo que son nuestras obligaciones".

No obstante, dijo que "por lo menos en nuestra gestión no tenemos problemas en que haya otra estructura de control", aunque puso en duda la efectividad de la figura del ente regulador.

"Estos entes de control surgieron en la década del 90, cuando las empresas estatales comenzaron a pasar a manos privadas -dijo-. Allí sí existía la necesidad de que el Estado tenga un control sobre estas empresas, que tenían un objetivo más ligado al beneficio económico".

"En nuestro caso, la DPOSS, un organismo provincial, ¿necesita otra estructura provincial que le diga que reinvierta sus ingresos o que se fije cómo hace para ser más eficiente? En lo personal creo que no", opinó.

"Deberíamos conocer cuáles van a ser sus misiones y funciones, cuántas personas van a constituir esa estructura -expuso-. Imagino que, si van a tener incidencia en la toma de decisiones de la institución, van a tener el conocimiento técnico suficiente, y si no lo tienen tendrán que tener asesores, no solamente sobre agua y saneamiento, sino también sobre la provisión de energía".

"Si los trámites administrativos de la DPOSS tendrán que pasar por este nuevo ente, también deberán contar con una estructura administrativa; y si los reclamos de los usuarios van a ser gestionados por ellos, tendrán que tener personal que reciba esas inquietudes", enumeró y consideró que, en síntesis, "lo que terminará pasando es que se duplicarán tareas con estructuras que deberán ser solventadas por los usuarios".

Pereyra dijo que, en otras provincias que utilizan esta metodología, los entes reguladores son muy cuestionados por fallas en la fiscalización y falta de eficiencia en el uso de los recursos. Citó el caso de Mendoza, donde el ente regulador finalmente fue disuelto, o el de Córdoba, donde piden su intervención.

Finalmente, explicó que, en cumplimiento de la ley, ante cada propuesta de modificación del régimen tarifario, la DPOSS ha convocado a audiencia pública, habiéndose realizado un total de seis desde el año 2021. Destacó que, a pesar de no ser vinculantes, estos espacios de información a la comunidad "nos han servido y nos han nutrido", al punto de tomar las opiniones de los expositores de las audiencias y hacer modificaciones a los proyectos de ajuste tarifario, según dijo. Insistió en que este procedimiento es el que indica la ley y que, si alguien considera que no resulta adecuado, debería proponerse una modificación de la norma.