La justicia desestimó la causa contra concejales de Tolhuin

El juez de competencia integral de Tolhuin, Silvio Pellegrino, desestimó con sentencia firme y sin posibilidad de apelación la denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y presunto encubrimiento contra los concejales de esa ciudad Matías Rodríguez Ojeda, Marcelo Muñoz, Jeanette Alderete, Rosana Taberna y Matías Rodríguez; y contra el ex edil Norberto Dávila. 
La presentación había sido realizada por el ex secretario administrativo del cuerpo deliberativo tolhuinense, José Gasc. 
El abogado Raúl Paderne, quien ejerció la defensa de los imputados, señaló en declaraciones radiales que “esto ya es pasado, el juez de la causa desestimó el requerimiento fiscal después de realizar una serie de investigaciones que referían a si hubo actividades que podían ser consideradas delictuales y concluyó que no”. 
Al respecto, manifestó que el fallo “se basó en un dictamen del Tribunal de Cuentas que ya había sido emitido con anterioridad a la denuncia, y esa resolución judicial quedó firme porque la Fiscalía no apeló”.
“Más allá de mi función de defensor entiendo que no hubo siquiera una sospecha sostenible de una actividad ilegal, se puede pensar que administrativamente hubo incumplimientos y desprolijidades relativas, pero bajo ningún punto de vista hubo una actividad delictual”, remarcó el letrado, y en esa línea dijo que “los gastos respondían a actos administrativos y resoluciones del Concejo, no se realizaban actividades que no fueran coherentes con ellas”. 
Paderne consideró que la denuncia contra los concejales “tuvo una intencionalidad personal bastante marcada y carecía de sustento, se pretendió poner un manto de sospecha sobre la actividad de los concejales y fue una cuestión de un enojo de alguien por una situación laboral que no se sostuvo”.
Por otra parte, destacó que el denunciante “tuvo la oportunidad de aportar toda la documentación que quiso, pero la verdad es que todo estaba en el marco de legalidad de las normas jurídicas que rigen la actividad de los concejales, no hubo ningún indicio de gastos impropios o malversación de caudales”. 
Finalmente, Paderne evaluó que “esto fue imputar sin justificación legal, a tal punto que no se tomó declaración indagatoria a nadie porque se desestimó el requerimiento del fiscal”, y no descartó la presentación de una demanda civil de parte de los concejales contra Gasc por daños y perjuicios.