La Jefatura actuó razonablemente para proteger la integridad y la salud de una agente

El Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre, desestimó una denuncia sobre supuesta inacción y complicidad de las autoridades policiales en un caso de violencia laboral y de género ocurrido dentro de una comisaría, porque según dictaminó, desde el Estado provincial se activaron todos los protocolos para contener y proteger a la víctima.

La mujer, denunció haber sufrido violencia laboral y hostigamientos de diversa índole producto de malos tratos presuntamente infligidos por un oficial de la misma comisaría donde ella se desempeña y alegó que luego de poner en conocimiento a sus superiores sobre la conducta del supuesto agresor, no se tomó ningún tipo de acción al respecto, salvo notificarla de los alcances de la Ley Provincial N° 1022 de Protección Integral contra la Violencia.

Asesorada por sus superiores, la agente realizó la denuncia de violencia en la Comisaría de Género y Familia N°1 de Ushuaia y también se radicó la denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal, sin que hubiera hasta la fecha un pronunciamiento al respecto. Mientras tanto, el supuesto agresor siguió desempeñándose en la comisaría.

A pedido del Fiscal de Estado, el jefe de la comisaría donde se desempeñan ambos policías, informó que al día siguiente de haber sido notificado por la denunciante, la convocó a ella y a otras dos agentes de sexo femenino y tras un muy breve diálogo indicó que lo sucedido ameritaba una denuncia en la dependencia policial especializada en el tratamiento de las cuestiones de género y también de la justicia ordinaria.

A su vez, la jefa de la Comisaria de Género y Familia N° 1 indicó que promovería las actuaciones judiciales pertinentes de oficio a partir del escrito presentado por la víctima, denuncia que actualmente tramita en el Juzgado de Instrucción N°3.

Como medida preventiva, se dispuso además reubicar a los involucrados en cuartos de guardia diferentes y con horarios contrapuestos, para evitar todo tipo de interacciones y/o situaciones que pudiesen derivar en nuevos problemas entre ellos.

Finalmente, el Comisario informó que exceptuó a la agente de las actividades laborales que estaba realizando hasta ese momento y le concedió franco de servicio hasta nueva orden, ya que todo aquello la habría afectado visiblemente en su ánimo y predisposición habitual. La agente habría comenzado luego con una licencia por razanes de salud, encontrándose al tiempo del informe acogida a ese derecho y por ende sin concurrir al servicio.

Además, la División Bienestar Policial Ushuaia explicó que la denunciante fue derivada por orden médica a la psicóloga de la división quien informó que se le sugirió iniciar un tratamiento para evitar que en un futuro pudiera volver a repetirse el episodio, mostrando la interesada disposición para ello.

Con todos estos elementos, el Fiscal de Estado opinó que "en principio, las autoridades provinciales intervinientes actuaron razonablemente y con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los supuestos hechos de violencia denunciados”.

“Asimismo, han actuado sobre su entorno, desplazando en la medida de lo posible de éste al presunto agresor y adoptando medidas preventivas para evitar que la dicente sufriera un evento inminente con riesgo para su vida o salud física”.

“Se ha cumplido también tanto con la obligación de denunciar como con el deber de informar a la supuesta víctima sobre los derechos que le asisten, y ya interviene la Justicia a fin de dilucidar si los hechos denunciados configuran a no un delito que justifique una investigación criminal”.

Por ello “no advierto indicios de omisiones intencionales, acciones o encubrimientos de parte de las autoridades superiores a partir de la denuncia formalizada por escrito por la agente” sostuvo el Fiscal en su dictamen.

No obstante, recomendó que, “sin perjuicio de los resultados que pueda arrojar la pesquisa penal acerca de las conductas incurridas par el supuesto agresor, considero que, en forma inmediata, deben iniciarse actuaciones administrativas tendientes a determinar la realidad de los hechos y deslindar las eventuales responsabilidades producto de las supuestos hechos ocurridos con anterioridad a la denuncia”.

Asimismo, recordó que por Decreto 2270/22 corresponde remitir copia de las actuaciones a la Oficina Sobre Atención y Tratamiento de Violencia y/o Acoso Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo y Empleo, a fin de que tome la intervención que, en su caso, estime corresponder.

En ese sentido, también recomendó “evaluar la adopción y/o actualización periódica, en el ámbito de las fuerzas de seguridad, de medidas apropiadas (como ser acciones de: capacitación, difusión de información, diálogo y reflexión, entre otras), procurando la presencia y participación activa de todos los agentes en el desarrollo de las mismas”.

El Sureño