Allanaron una vivienda en Río Grande por pornografía infantil

Un total de 33 allanamientos se realizaron en siete países y en 11 provincias argentinas y 18 personas quedaron detenidas acusadas producir y comercializar pornografía infantil; uno de esos operativos tuvo lugar en un domicilio de esta ciudad, ordenado por la jueza de Instrucción María Rosa Santana, quien impuso el secreto de sumario.

En Río Grande el allanamiento fue realizado el martes en horas de la mañana, por personal de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial, donde se procedió al secuestro de una computadora y, además, a la notificación de Derechos y Garantías al dueño de la vivienda, aunque en el hecho podría quedar vinculado un menor de edad, quien era el que usaba el equipo informático.

En forma casi simultánea se realizaron otros operativos en las provincias de Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe y Tucumán, y en Alemania, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

De los 33 allanamientos, cuatro fueron realizados por las Fuerzas Federales (Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional). Se logró detener a 18 integrantes de la organización criminal: 12 en Argentina, 4 en Ecuador, 1 en Puerto Rico y 1 en Costa Rica.

Las detenciones y allanamientos se efectuaron en el marco de la causa internacional que lleva el nombre Aliados por la Infancia III y fueron llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires.

Según se informó a través de la utilización del sistema Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que permite visualizar en directo información relacionada al tráfico de imágenes MASI (Material Abuso Sexual Infantil) a través de redes del tipo P2P (PEER TO PEER) y sus direcciones de IP; y tareas técnicas/investigativas en campo, se pudo determinar la ubicación de las conexiones desde donde se cometieron los delitos.

En la investigación participan Argentina, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, México y Estados Unidos.

El Sureño