Por pedido del fiscal federal Julio Zárate, el Juzgado Federal de Río Gallegos -a cargo del juez Marcelo Vázquez y con intervención de la secretaría a cargo de María Laura Lloret-, dio inicio el lunes pasado a la delimitación de las hectáreas ubicadas sobre el norte del Lago del Desierto, en la provincia de Santa Cruz, reservadas a favor de Gendarmería Nacional, que habían sido ocupadas por los propietarios del territorio colindante con el fin de explotarlas turísticamente. A través de una medida cautelar requerida por la fiscalía, el juzgado dispuso a los imputados la prohibición de ingreso y/o acercamiento al territorio en cuestión.
La medida judicial fue realizada con el apoyo de personal de la Dirección de Ingeniería Vial de la Administración General de Vialidad Provincial, designada por la Gobernación de la provincia de Santa Cruz a través de su Jefatura de Gabinete, cuyo personal técnico especializado trabajó con la colaboración de la Región VII de la Gendarmería Nacional, dado lo agreste y complejo del terreno.
En las actuaciones se comprobó que los imputados habían instalados domos, que incluso fueron ensamblados sobre el helipuerto del grupo de la fuerza nacional y que anularon su operatividad. Sobre las hectáreas en cuestión, el fiscal federal señaló que la Gendarmería viene ocupando la parcela desde el año 1966, la cual se encuentra a unos siete kilómetros del límite internacional -Paso Internacional "Portezuelo de la divisoria”- en donde se cumplen funciones migratorias, aduaneras, sanitarias, de defensa y de seguridad nacional.
En ese sentido, la fiscalía solicitó el dictado de una medida cautelar -a la que el juzgado hizo lugar- que ordenara a los ocupantes que se abstuvieran de efectuar alguna construcción que altere la situación fáctica y de atentar contra el interés público, a fin de evitar la afectación de otros bienes jurídicamente protegidos, hasta tanto la autoridad de aplicación apruebe la mensura definitiva de las 190 hectáreas que le fueran asignadas a la fuerza oportunamente.
La denuncia
La denuncia había sido formulada el 26 de junio de 2023 por el Jefe de Región VII de la Gendarmería Nacional ante la Fiscalía Federal de Rio Gallegos ante la posible comisión del delito de usurpación en el asiento que la fuerza posee en el margen norte del Lago del Desierto. El denunciante informó que los ocupantes buscaron instalar “domos geodésicos” a fines de explotar turísticamente la zona, que se encuentra a escasos metros de distancia de la planicie que la fuerza de seguridad utiliza como helipuerto.
También expresó que la cercanía del domo al helipuerto no permitiría el aterrizaje de la aeronave y su utilización para tareas operativas en la zona, dado que ponía en peligro la vida de aquellas personas que se alojaran en esa construcción como también la seguridad operacional al momento del aterrizaje y el despegue.
Añadió que, a pesar de la advertencia del personal de la Gendarmería para que los ocupantes desistieran de la construcción, quien se asumía como propietario manifestó que era su territorio y no debía pedir autorización para construir. Dijo además tener una autorización del Consejo Agrario Provincial para realizar las instalaciones de los domos, aunque finalmente, ante las reiteradas advertencias, desistió de continuar con la construcción de la estructura que quedó semi armada en el lugar.