El articulado, que deberá estudiar la Comisión Nº 2, establece que será la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) quien suspenda por ese período, el inicio de las “ejecuciones fiscales y la continuidad de aquellas que se encuentren en trámite”. En este sentido, se tomará la actividad comercial del contribuyente “y siempre que la base imponible total del impuesto sobre los ingresos brutos declarada por el período 2023 no supere la suma” de mil millones de pesos.
Asimismo, determina que será la AREF la autoridad de aplicación de la normativa, entidad que podrá emitir la reglamentación y la normativa para hacer operativa la herramienta.
Finalmente, si el proyecto de Ley alcanza dictamen y es sancionado en sesión, el texto determina autorizar “a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) y a la Dirección Provincial de Energía (DPE) a suspender el inicio y la continuidad de acciones judiciales de ejecución respecto de sus usuarios”, en función de lo establecido en el artículo 2.
Finalmente invita a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande y a los municipios fueguinos a adherir a la norma.