Fiscales argentinos y chilenos se reunieron en el marco de una causa por contrabando y trata de personas

El fiscal federal subrogante de Río Gallegos, Julio Zárate, y la fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Verónica Escribano, recibieron en la fiscalía de la capital santacruceña a funcionarios y funcionarias del Ministerio Público de Chile, en el marco del Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para tratar la causa que aborda el accionar de una organización ilícita transnacional dedicada al contrabando, al lavado de activos y a la trata de personas.

Por parte de la comitiva chilena estuvieron presentes el fiscal regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Cristián Crisosto; el fiscal de Drogas y Crimen organizado, Manuel Soto; la directora ejecutiva regional, Camila Fernández Rodríguez; y la asesora jurídica de la fiscalía, Lorena Pereyra.

A lo largo del encuentro, que constó de dos jornadas, los funcionarios judiciales abordaron las conductas delictivas que se desarrollan en la zona fronteriza patagónica y se centraron en el estado del caso 70593/21, denominado como “Alianza Austral”. Además, el y la representantes del Ministerio Público Fiscal presentaron ante sus colegas trasandinos el sistema procesal en Argentina y las acciones llevadas a cabo por la fiscalía.

El culminado hoy es el quinto encuentro presencial que se desarrolla entre ambos equipos -tres en Punta Arenas y uno en Santiago de Chile -, y el primero que se realiza en Argentina. Las reuniones se enmarcan en el ECI, una herramienta de cooperación jurídica internacional que permite establecer un marco de cooperación y coordinación estable entre autoridades competentes en un caso concreto, cambiando las dinámicas de la cooperación tradicional, lo que permite una mayor eficiencia y celeridad.

De acuerdo con la investigación, el tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización.

Organización ilícita transnacional

En las causas que tramitan en ambos países se investiga el presunto accionar de una organización ilícita trasnacional que se dedicaba al contrabando de mercaderías (cigarrillos -egreso hacia Chile-, cubiertas -ingreso desde Chile-, divisas y/o dinero) y estupefacientes, al lavado de activos de los bienes y dinero que serían obtenidos de manera ilícita, y a la trata de personas.

El caso se inició en noviembre de 2021 y en agosto del año pasado se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en ambos países para desbaratar a la organización, que estaba integrada por personas argentinas y chilenas. La organización habría contado con el auxilio o connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad.

El contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio. La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián, de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca, en Buenos Aires, como base. Del lado chileno, el contrabando se realizaba en las ciudades de Puerto Natales y Punta Arenas.

El tráfico se realizaba por estancias privadas estratégicamente ubicadas en zonas cercanas al límite fronterizo, administradas por miembros de la organización. Los lugares utilizados se caracterizaban por estar ubicados en comunas con pocos habitantes, mayormente zonas inhóspitas, de campo abierto amojonado por alambre o tranqueras sin candado, ubicadas a escasos kilómetros de la Ruta Nacional 9 de Chile.

En aquellas zonas se transaccionaban las mercaderías ilícitas, que eran abonadas en dólares y con cheques. Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, como empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico.