Chubut amenazó al Gobierno con no entregar petróleo y gas si no recibe los fondos de la coparticipación

Si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas”, señaló una dura carta titulada “Las provincias unidas del sur” que el gobernador chubutense Ignacio Torres publicó en su cuenta de X. El pronunciamiento está suscripto, además, por los gobernadores de La Pampa (Sergio Ziliotto), Neuquén (Rolando Figueroa), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), Santa Cruz (Claudio Vidal) y Río Negro (Alberto Weretilneck).

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes para de este modo forzar a su gobierno a adoptar determinadas decisiones políticas. Es una medida extensiva y disolutoria del sistema federal. Ningún gobernador lo va a consentir ni permitir porque se juega la existencia misma de la República Argentina”, agregó la misiva.

Luego se sumaron gobernadores de todo el arco político y gremial. Primero, Axel Kiciloff, de Buenos Aires, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero. “Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta “extorsión” y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores sino contra los pueblos de las provincias”, posteó en X el gobernador bonaerense.

Más tarde, Juntos por el Cambio. Los gobernadores de ese espacio manifestaron “su total respaldo y apoyo” a Torres y agregaron que “el Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia. No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país”. Firmaron Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por su parte, la CGT expresó en X que “las provincias argentinas, así como el pueblo en general, están siendo sometidos a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente”. La central obrera agregó que “el Excel no puede cerrar bajo el hambre y las necesidades de los que menos tienen”.

De este modo, y con el aval de sus pares, Torres endureció su pelea con el Gobierno nacional en el marco de la interrupción del envío de las transferencias discrecionales por parte de la Nación a las administraciones provinciales y el enfrentamiento político agudizado desde el fallido tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso.

“Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”, expresaron los gobernadores patagónicos.

La carta afirma que Chubut “está padeciendo las represalias que se anunciaron luego de que cayera el tratamiento de la Ley Ómnibus. En febrero el Ministerio de Economía de la Nación le retuvo ilegalmente $13.500 millones; más de un tercio de su coparticipación mensual”.

“Quitarle a una provincia más de un tercio de su coparticipación es una acción criminal que persigue el objetivo deliberado de hacer sufrir a sus habitantes”

“No es una revancha contra el gobernador del Chubut. Es una afectación a más de 600 mil chubutenses que de esta forma ven afectados su derecho a la educación, a la salud, a la seguridad y al desarrollo. También de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica. Solo una ley podría disponer otro destino y sin embargo se retuvieron”, agregó.

También destacaron que la justicia federal, a instancias de una acción promovida por Chubut, decretó la ilegalidad de ese recorte: “No se trata de una guerra sino de proteger a los usuarios del transporte que tienen los mismos derechos que los habitantes del AMBA. Ese fallo judicial también explica la represalia de privar a Chubut de sus derechos”.

“Repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobernador Ignacio Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias”, enfatizaron los gobernadores.

“Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el Ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen”, concluyeron.