El Ministerio de Justicia comenzó a auditar los Registros del Automotor

Tras el DNU y sus promesas sobre la digitalización, el Gobierno de Javier Milei puso en revisión un total de 141 registros que ya estaban intervenidos. Se revisarán sus cuentas y luego se decidirá el futuro de cada interventor. “Si son honestos, no van a tener problemas”, advierte un funcionario. Eso es solo el primer paso: el plan apunta a auditar todos los registros intervenidos. En una segunda etapa, también se examinarían los últimos concursos y las designaciones más recientes.

Aunque los números son dinámicos, porque casi a diario hay licencias por enfermedad o muerte, de los 1554 registros que hay en el país, alrededor de un 40% está en manos de interventores. Son designaciones transitorias, que pueden ser revocadas con una sola firma.

La gran mayoría son abogados, contadores o escribanos que deben cumplir una serie de requisitos para acceder a un registro y hay un porcentaje menor de empleados de la Dirección Nacional que cobran un plus del sueldo y viáticos para viajar al interior.

Ese universo de los registros fue el primer objetivo del Gobierno de Milei. El viernes pasado, el subsecretario de Asuntos Registrales, Carlos Medina, firmó una resolución y puso en revisión 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

“Se encuentran en condición de ser revocados o en su caso nombrar nuevos interventores”, detalla la nota que puso en marcha el proceso. En principio, se utilizarán auditores externos para que no haya vínculos con el mundo registral. Esos auditores revisarán los gastos de cada uno de los registros. Eso incluye desde sueldos hasta alquileres, servicios como luz, gas, agua, insumos de librería, documentación e impuestos. “Queremos ver dónde está la fuga, no hay una caza de brujas”, aclara un funcionario. 

En un paso más de la decisión de estrechar el control sobre el funcionamiento de los 1.556 registros automotores del país, el Gobierno dispuso en las últimas horas una tanda de fiscalizaciones digitales en 25 de ellos, ubicados en las provincias de Córdoba, San Luis, La Rioja, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Buenos Aires. 

Tras la intervención inicial de 140 registros, ahora se inició la “fiscalización digital” de otros 25, dispuesta por la Dirección de Fiscalización y Control de Gestión de la subsecretaría de Asuntos Registrales de la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, el vice del titular de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron desde la cartera de Justicia.