El año pasado, mediante Decreto 2484/2023 el gobierno provincial creó el “régimen de segmentación del subsidio provincial a los consumos residenciales de gas licuado de petróleo”, por el cual en función de la ubicación geográfica de los hogares y el nivel de ingresos mensuales de los beneficiarios, se suspenderá el pago del subsidio a cargo del Estado Provincial.
Si bien la medida no llegó a aplicarse aún, en diciembre cuando el gobierno nacional anunció un posible recorte sobre los subsidios al gas, ese decreto fue reemplazado por el 2775/2023 imponiendo nuevas condiciones para el otorgamiento de este beneficio que desde 2014, es percibido por unos 7000 beneficiarios.
Según el decreto, la decisión de imponer una segmentación, se respaldó en un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires y el CFI que demuestra la necesidad de cumplir con los principios de equidad y solidaridad a la hora de otorgar el beneficio.
Cabe indicar que, desde hace años, estos subsidios se otorgaban a personas físicas o instituciones con domicilios ubicados en zonas donde no pasa la red de gas natural por lo que sistemáticamente se beneficiaron de ellos, ruralistas dueños de concesionarias, casas de alquiler y cotos de pesca, altos funcionarios del Poder Judicial, políticos y empresarios de gran solvencia que construyeron casas en barrios privados de altísimo nivel o sitios alejados de la ciudad. “Esta falta de control y transparencia en el proceso de concesión de subsidios ha permitido que estos abusos se perpetúen en el tiempo”, reza el decreto.
Efectivamente, en el listado de beneficiarios del año pasado que se encuentra publicado en la página oficial de gobierno, pueden apreciarse estas desigualdades a simple vista.
Ayer, en declaraciones radiales, el ministro de Economía Francisco De Vita, dijo que los beneficiarios del subsidio, sin importar su condición social, están pagando unos 480 pesos mensuales y el resto de lo que consumen, lo abona el estado, lo que implica un gasto millonario para todos los ciudadanos. “Este año comenzamos a depurar los padrones para que no ocurran estas situaciones y que el subsidio sea exclusivo para las familias que no puedan pagar el servicio”.
Según publicó el portal Boca de Pozo, con la última modificación al régimen de segmentación, quedan afuera todas aquellas viviendas que no estén incluidas en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
Mientras tanto, una familia fueguina, que percibe un ingreso superior a 7 salarios mínimos ($1.092.000) y cuya vivienda esté o no incluido en el RENABAP, o barrio asimilable perderá el 100% del beneficio de la provincia y mantiene el aporte nacional.
El nivel 2 contempla que los hogares sí incluidos en el RENABAP o barrios asimilables con ingresos entre 5 y 7 salarios mínimos, deberán pagar el 20% del costo del GLP. El 80% restante sería cubierto por Nación y Provincia.
El nivel 3 establece que los hogares sí incluidos en el RENABAP o barrios asimilables con ingresos entre 3 y 5 salarios mínimos pagarán el 10%. Nación y Provincia cubrirían el resto.
El nivel 4 indica que los hogares sí incluidos en el RENABAP o barrios asimilables con ingresos menores a 3 salarios mínimos, pagarán el 2% del costo del GLP.
El ministro De Vita aseguró además que este año se continuará asistiendo a las familias de bajos recursos con el programa Llegó el Gas y que el trabajo está encaminado mejorar la calidad de vida en los sectores más vulnerables de la sociedad.
Fuente: El Sureño