En un año 109 niños y adolescentes ingresaron por causas penales a Juzgados de Menores

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) presentó la edición correspondiente al año 2022 del Mapa estadístico penal juvenil de la República Argentina, que refleja la situación en 22 provincias del país.

Desde el año 2020, la BGD ha solicitado anualmente información a los poderes judiciales de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se sistematiza para su visualización en un mapa público disponible en el sitio web de la BGD.

Los datos informados por el Poder Judicial de Tierra del Fuego a la Corte Suprema de Justicia, son mínimos y no alcanzan para conocer la situación de los menores que tienen causas judiciales iniciadas.

El órgano encargado de proveer los datos provinciales, fue la Prosecretaría de Informática Jurídica a cargo de Jorge Rocca, que no brindó aclaraciones metodológicas sobre el proceso de recolección de información ni sobre el alcance de los datos, así como tampoco sobre cuál es el órgano de protección de Niños y Adolescentes solicitado por la CSJ.

Acerca de las estadísticas, los números de Tierra del Fuego indican que un año hubo 109 niños, niñas y adolescentes con ingreso por causas penales en la justicia de menores, de los cuales 73 terminaron en una causa penal.

La mayoría de los menores ingresados en 2022 fueron varones (77,1%) contra un 22,9% de mujeres. En cuanto a la edad, el 57% del total, tenía entre 16 y 17 años; el 34,4% entre 13 y 15 años y el 8,6%, hasta 12 años.

Acerca del tipo de delito, la mayoría de los menores ingresados a Juzgados de Menores en 2022, lo hicieron por delitos contra la propiedad (35,6%), un 34,5% fue por leyes especiales; un 25,3% por delitos contra las personas y un 4,6% ingresó por delitos contra la integridad sexual.

El Poder Judicial Provincial omitió informar datos sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes con medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones. Del mismo modo y a diferencia de lo aportado por la mayoría de las provincias, Tierra del Fuego tampoco proveyó datos sobre la cantidad de medidas adoptadas

Por primera vez, los datos brindados por los poderes judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán han sido incluidos en un informe completo correspondiente al año 2022.

El documento que fue difundido esta semana por el sitio Diario Judicial, refleja entonces la información correspondiente al año 2022 para 22 jurisdicciones que enviaron la planilla de relevamiento de datos hasta el 31 de octubre del 2023

Las dos provincias que no enviaron información: Santa Cruz y Catamarca que no forman parte del informe.

El informe aclara que, si bien cada provincia cuenta con su propia normativa penal juvenil que determina un trámite judicial particular, el proyecto refleja la importancia de estandarizar indicadores, enfocar la mirada en la protección de la infancia y la adolescencia y obtener información cuantitativa válida para sustentar políticas públicas adecuadas.

La Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes fue creada en el año 2004 (Res. CSJN 1674/04). Depende de la vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a cargo de Carlos Rosenkrantz.

La dependencia coordina el funcionamiento del sistema informático BGD (Res. CSJN 747/07) que posibilita a magistrados de diferentes jurisdicciones registrar, compartir y conocer de manera inmediata, la información sobre niños, niñas y adolescentes involucrados en causas judiciales.

BGD elabora periódicamente informes estadísticos sobre determinados indicadores del proceso, a partir de los cuales los integrantes de la magistratura y funcionarios en los distintos niveles estamentales pueden analizar la problemática y adoptar decisiones basadas en datos. Asimismo, desarrolla proyectos orientados a capacitar a los operadores judiciales mediante la realización de talleres, la recopilación de jurisprudencia y el intercambio de buenas prácticas en la materia.

FUENTE: El Sureño