Con la presencia de numerosa cantidad de público, los legisladores comenzaron a sesionar para dar tratamiento a las leyes de emergencia enviadas por el Poder Ejecutivo. Jubilados y trabajadores de ATE asistieron con pancartas para expresar su desacuerdo.
La Legislatura comenzó el tratamiento de la emergencia
27/12/2019

La Legislatura comenzó el tratamiento de la emergencia

La Legislatura provincial  comenzó esta mañana el tratamiento de cinco proyectos que resultaron de las modificaciones, cambios y eliminaciones de la norma original que provocó fuerte polémica política en toda la provincia la semana pasada.

Las leyes de emergencia, autorizan al Ejecutivo provincial a disponer la readecuación y/o renegociación de aquellos contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes que se encuentren adjudicados o en curso de ejecución.

Además autoriza al Ejecutivo a destinar el 25% de las utilidades del Banco de Tierra del Fuego al desarrollo económico de la Provincia por medio del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino, y un 25% al otorgamiento de préstamos no bancarios. El 50% de las utilidades remanentes se enviará en forma directa a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego (CPSTDF), destinado a cubrir déficit transitorio de caja.

Por otra parte, el proyecto que pretende declarar la Emergencia del Sistema Sanitario de Tierra del Fuego por el término de un año estipula que el Ministerio de Salud deberá elaborar un plan, priorizando la continuidad de acciones preventivas y de promoción de programas de salud, maternidad e infancia, atención primaria, pre y posthospitalaria y de salud mental, garantizando la distribución equitativa de recursos financieros, materiales y humanos.

Se designará una comisión interministerial con representantes de Salud, Obras y Servicios Públicos y Finanzas, para la elaboración de un Plan Director de Infraestructura para el mejoramiento, refuncionalización y ampliación de los hospitales y centros de atención primaria de las tres ciudades.

La ley establece la posibilidad de la contratación también directa por fuera de cualquier convocatoria, toda vez que la idoneidad y la habilitación profesional hayan sido debidamente acreditadas.

En línea similar se aprecia el texto de la Ley de Emergencia de Infraestructura Educativa, que durante un año propone agilizar las obras necesarias para el correcto inicio del próximo ciclo lectivo.

Es que el Estado provincial administra más de 140 edificios escolares y, según trascendió, casi el 80% necesita reparaciones y mantenimiento a gran escala, dado el deterioro propio del desgaste y de la falta de inversión adecuada.

Por último, se debatirá en la Legislatura la declaración de Emergencia de Infraestructura, Equipamiento y Seguridad Portuaria. La ley busca autorizar un sistema de contrataciones más ágil de acuerdo a la necesidad de la actividad portuaria fueguina, clave en la región, como contrataciones mediante el procedimiento de licitación privada, de compras y obras, siempre de acuerdo a la normativa vigente.

Por otro lado establece procedimientos de excepción para las licitaciones públicas, durante el plazo de la emergencia y siempre que la situación lo acredite, para abreviar los plazos para la contratación de obras.

El proyecto también prevé la emisión de Letras del Tesoro por el monto de hasta 2 mil millones de pesos para cumplir con las obligaciones financieras de carácter urgente o impostergable.

Argumentan la decisión en el stock de deuda interna directa que supera los 20.278 millones de pesos, conformada por deudas con el gobierno nacional por unos 4.521 millones de pesos; con organismos internacionales por algo más de 34 millones de pesos y la deuda consolidada de 1.308 millones de pesos.

Asimismo, los considerandos del proyecto dan cuenta de una deuda con los municipios, en concepto de coparticipación, que totaliza poco más de 500 millones de pesos y unos 400 millones de pesos de deuda a prestadoras de servicios esenciales.

Asimismo, señala que existe una deuda con los organismos previsionales de poco más de 600 millones de pesos y obligaciones a pagar con contratistas y proveedores que llega a los 1.200 millones de pesos.

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