El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió investigar los posibles delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos” e imputó a los operarios y directivos de la empresa contratista, “Gancedo SA”.
La tala de árboles de Río Encajonado llegó a la justicia
28/08/2019
CORREDOR DEL BEAGLE

La tala de árboles de Río Encajonado llegó a la justicia

La Justicia de Ushuaia instruyó una causa penal tras la denuncia presentada por los representantes de dos organizaciones ambientalistas sobre la tala de árboles registrada el pasado 20 de agosto en la zona del Río Encajonado, como parte de la obra “Corredor del Beagle”, confirmaron ayer fuentes judiciales.

La causa caratulada “Domínguez, Stella Maris y otros s/ denuncia”, bajo el número 32.996, tramita en el Juzgado de Instrucción Nº2 a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo, luego de un “requerimiento de instrucción” suscripto días pasados por el fiscal Fernando Ballester Bidau.

Según documentación oficial a la que accedió este medio, la denuncia penal fue presentada el miércoles 21 de agosto por Stella Maris Domínguez, en representación de la "Asociación Bahía Encerrada (ABE)" y Nancy Edith Fernández,  María Laura Borla y Abel Gerardo Sberna, en nombre de la "Asociación Mane Kenk".

Los ambientalistas denunciaron que operarios de la empresa "Gancedo S.A" (adjudicataria de la apertura de la ruta costera) “se encontraban en la zona conocida como "Corredor Costero Canal Beagle" talando especies arbóreas del bosque nativo en cercanías del Río Encajonado y dañando posibles restos arqueológicos que hubiera en el lugar”.

También mencionaron que esos actos tuvieron lugar, incluso, en “propiedad privada, específicamente de la familia Pastoriza como dueña de la estancia Túnel”.

De acuerdo a la calificación provisoria realizada por el fiscal, los hechos podrían constituir los delitos de “daños agravados, daños a bienes rurales y daños a yacimientos arqueológicos”, previstos en los artículos 185 inciso 5, 186 inciso 2 B del Código Penal y 47 de la ley nacional 25.743.

Ballester Bidau imputó, en primer término, a los operarios de la empresa Gancedo que estuvieron trabajando el 20 de agosto en la zona, y luego a los  “responsables de dicha sociedad”.

Fuente: El Diario del Fin del Mundo

 

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