El operativo de Gendarmería Nacional que posibilitó el rescate de cuatro mujeres víctimas de explotación sexual en un privado, ubicado en Río Grande, se gestó tras una investigación que comenzó en noviembre del año pasado.
El golpe al “privado” surgió tras una investigación de siete meses
14/05/2019
OPERATIVO DE GENDARMERIA EN RIO GRANDE

El golpe al “privado” surgió tras una investigación de siete meses

De acuerdo a lo que informa el portal fiscales.gob.ar; era el 6 de noviembre de 2018, cuando en el Paso Fronterizo San Sebastián, arribaron tres mujeres cargando valijas y con signos de desorientación, circunstancia que llamó la atención al personal que prestaba funciones en el lugar.

Las mujeres manifestaron que se habían escapado de un privado, al que se conocía bajo el nombre de “Betty Boo”, ubicado en el centro de la ciudad de Río Grande, y que se encontraban sin dinero y con miedo a que la dueña del lugar tomara represalias en contra de ellas.

Al día siguiente, se delegó la instrucción de la causa a la fiscalía encabezada por el doctor Marcelo Rapoport, quien le solicitó a personal de Gendarmería Nacional que realice tareas de observación en el lugar denunciado. Así, durante siete meses se realizaron las averiguaciones pertinentes que derivaron en el operativo concretado el pasado viernes, en horas de la madrugada.

En el allanamiento realizado por Gendarmería, un matrimonio fue detenido y fueron secuestradas dos armas de fuego y un kilo de marihuana.

El local “privado”, llamado “Betty Boo”, estaba ubicado en el centro de la ciudad y funcionaba de 22.00 a 6.00 u 8.00 de la mañana. A través de la investigación se determinó que las mujeres allí explotadas debían realizar los denominados “pases” en el mismo domicilio, que contaba con varias habitaciones.

En los procedimientos llevados a cabo el viernes pasado resultó detenido un matrimonio, integrado por la supuesta propietaria del lugar -quien habría ejercido un control sobre las víctimas, que estaban en situación de vulnerabilidad-y un hombre que tendría a su cargo tareas vinculadas a la logística. Otra mujer, también imputada, sería la encargada del local.

Este lunes, Martín González y su pareja, una joven de apellido Benítez; fueron trasladados al Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la juez Mariel Borruto, para ser sometidos a una indagatoria. Ambos fueron asistidos por el abogado particular Lucas Sartori, quien les aconsejó hacer uso del derecho constitucional de no declarar.

La estrategia del defensor particular es poder acceder al expediente, para interiorizarse de las pruebas que existirían en contra de sus defendidos, para a partir del conocimiento de esos elementos, esbozar una defensa y poder mejorar la situación procesal de los detenidos, que están imputados en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, el cual no permite la excarcelación.

 

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