El gobierno designó un fiscal subrogante que representará a la provincia en la demanda civil iniciada por ambientalistas por el corredor del Beagle, luego de que la Fiscalía de Estado se excusara de intervenir en la demanda en la que ya participó.
El Fiscal de Estado se apartó del caso y el gobierno debió nombrar otro abogado
13/05/2019
CORREDOR DEL BEAGLE

El Fiscal de Estado se apartó del caso y el gobierno debió nombrar otro abogado

El Dr. Virgilio Martínez de Sucre y todos los letrados que conforman la Fiscalía de Estado se excusaron de representar a la provincia en la demanda judicial y la gobernadora Rosana Bertone debió nombrar a una abogada particular.

Por decreto provincial 1092/19, la Mandataria aceptó la excusación planteada por el doctor Virgilio Martínez de Sucre y a los letrados que integran la Fiscalía de Estado para intervenir en la causa caratulada: Asociación Mene’kenk y otros c/gobierno de la provincia de Tierra del Fuego s/protección de intereses colectivos y difusos (expediente 21.962), que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 1 de Ushuaia.

En el decreto se procede a la designación de la abogada Mara Susana Valenzuela, quien es agente de gobierno, en el escalafón EPU, a desempeñarse como Fiscal Federal subrogante.

En la demanda, los ambientalistas plantean que se ordene dejar sin efecto cualquier clase de trabajo, obra, movimiento de tierras en la zona, predios y terrenos que abarca la ejecución de obras viales en los tres tramos del proyecto, -que totalizan aproximadamente 132 kilómetros-, y en especial, sobre el terreno en el que se hallan emplazados Monumentos Históricos, relacionadas con ese proyecto, así como sobre los bienes inmuebles y muebles que lo conforman, y donde se hallan emplazados Yacimientos Arqueológicos, dado que las mismas causarán un daño irreparable al patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la Provincia, a cuyo fin ordene la prohibición preventiva de cualquier clase de trabajo, movimiento de suelos, desmontes, y/u obras de cualquier naturaleza, ello hasta tanto se realicen las inspecciones pertinentes y se evalúen los daños potenciales y concretos.

Entre otros puntos, también se solicita se preserven los predios de cualquier modificación y/o alteración de los Monumentos Históricos Nacionales y Provinciales, Yacimientos Arqueológicos, de conformidad con las descripciones de los mismos, los hechos y el derecho, que al respecto más adelante exponemos.

Otro punto importante a resolver por el juez que tiene la causa, la solicitud de que ordene al Gobierno para que a través de las organizaciones científicas, se realicen “las necesarias excavaciones arqueológicas en gran escala y se realice la Evaluación de impacto arqueológico por equipos especializados y con amplia experiencia en el territorio”.

 

 

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