El Dr. Virgilio Martínez de Sucre y todos los letrados que conforman la Fiscalía de Estado se excusaron de representar a la provincia en la demanda judicial y la gobernadora Rosana Bertone debió nombrar a una abogada particular.

Por decreto provincial 1092/19, la Mandataria aceptó la excusación planteada por el doctor Virgilio Martínez de Sucre y a los letrados que integran la Fiscalía de Estado para intervenir en la causa caratulada: Asociación Mene’kenk y otros c/gobierno de la provincia de Tierra del Fuego s/protección de intereses colectivos y difusos (expediente 21.962), que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial 1 de Ushuaia.

En el decreto se procede a la designación de la abogada Mara Susana Valenzuela, quien es agente de gobierno, en el escalafón EPU, a desempeñarse como Fiscal Federal subrogante.

En la demanda, los ambientalistas plantean que se ordene dejar sin efecto cualquier clase de trabajo, obra, movimiento de tierras en la zona, predios y terrenos que abarca la ejecución de obras viales en los tres tramos del proyecto, -que totalizan aproximadamente 132 kilómetros-, y en especial, sobre el terreno en el que se hallan emplazados Monumentos Históricos, relacionadas con ese proyecto, así como sobre los bienes inmuebles y muebles que lo conforman, y donde se hallan emplazados Yacimientos Arqueológicos, dado que las mismas causarán un daño irreparable al patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la Provincia, a cuyo fin ordene la prohibición preventiva de cualquier clase de trabajo, movimiento de suelos, desmontes, y/u obras de cualquier naturaleza, ello hasta tanto se realicen las inspecciones pertinentes y se evalúen los daños potenciales y concretos.

Entre otros puntos, también se solicita se preserven los predios de cualquier modificación y/o alteración de los Monumentos Históricos Nacionales y Provinciales, Yacimientos Arqueológicos, de conformidad con las descripciones de los mismos, los hechos y el derecho, que al respecto más adelante exponemos.

Otro punto importante a resolver por el juez que tiene la causa, la solicitud de que ordene al Gobierno para que a través de las organizaciones científicas, se realicen “las necesarias excavaciones arqueológicas en gran escala y se realice la Evaluación de impacto arqueológico por equipos especializados y con amplia experiencia en el territorio”.