El secretario de Ambiente, Mauro Pérez Toscani, brindó detalles acerca de los procesos participativos que se han generado en el marco de la obra del Corredor del Beagle, que tendrán su punto máximo el martes cuandO se desarrolle la audiencia pública.
Hay 50 expositores inscriptos para la audiencia pública
09/12/2018
CORREDOR DEL BEAGLE

Hay 50 expositores inscriptos para la audiencia pública

El próximo martes 11 de diciembre a las 11.00, en el Polivalente de Arte, está previsto que se desarrolle la audiencia pública para abordar el impacto ambiental del denominado Corredor del Beagle. Se trata de la faraónica obra de 132 kilómetros de extensión, desde Ushuaia, pasando por Almanza y Estancia Moat, hasta llegar a Cabo San Pío; que demandará una inversión de $1700 millones.
“Tenemos alrededor de 50 oradores inscriptos, entre ONG, particulares, Cámaras de Turismo, Cámaras Gastronómicas, entre otros”, precisó el secretario de Medio Ambiente, Desarrollo y Cambio Climático de la Provincia, Mauro Pérez Toscani.
“Es un muy buen número, obviamente que todo el mundo puede participar en la audiencia como espectador, además de los cincuenta oradores que habrá”, precisó el funcionario al diario El Sureño.
La confirmación de parte del Gobierno de la audiencia pública, se da pese a las presentaciones judiciales realizadas por asociaciones ambientalistas y a un planteo del propio fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien advirtió que no está cumplido el informe de impacto arqueológico y paleontológico, considerando que ello es vital para que se proceda a realizar la audiencia.

Hay asociaciones ambientalistas que, por un lado, se manifestaron claramente a favor de la protección de Península Mitre, y por otro lado están claramente contra de la creación del Corredor del Beagle ¿Cómo se equilibra esto?
Pérez Toscani: Para nosotros son proyectos complementarios porque justamente es determinar cuál es la zona que vamos a proteger por normativa, cuando más de 1 millón cien mil hectáreas van a quedar bajo protección entre reservas costeras, reservas marinas, parques provinciales, patrimonio arqueológico, reservas forestales fiscales; lo terrestre y lo marino. Esto ya está decidido y falta solamente que la Legislatura se reúna para votar esta ley y esto nos permite pensar y planificar desde el Cabo San Pío hasta Ushuaia un corredor de desarrollo que es hacia donde está apuntada la apertura esta ruta y que también hace de conexión y de vía de comunicación a la puerta de entrada al área natural protegida Península Mitre.

Una de las principales críticas apunta a la protección del patrimonio arqueológico y, de hecho, el propio Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) ha expresado que los estudios que pueden aportar son insuficientes y que deben ser profundizados antes de comenzar la obra.
La Secretaría de Ambiente no es la autoridad de aplicación en materia de patrimonio arqueológico, lo que sé es que el pliego de licitación que rige toda la obra establece por separado un estudio de impacto ambiental, un estudio de impacto arqueológico y un estudio de impacto ambiental minero para lo que es movimiento de suelos, con lo cual son tres instancias que son diferentes y que no tienen que ser evaluadas al mismo tiempo. Yo sé que en lo que respecta al impacto arqueológico la empresa está trabajando, que el Gobierno ha tenido reuniones, tanto la gente de Museos como el secretario de Cultura de quien depende la Ley 370 (Ley de Patrimonio Cultural y Paleontológico Provincial) ha tenido reuniones con los arqueólogos de Gobierno y los arqueólogos que ha contratado la empresa. Entendemos que se está trabajando en eso. Lo que establece la Ley 55 de Medio Ambiente es que al estudio de impacto ambiental se debe agregar un capítulo con una línea de base del patrimonio cultural y arqueológico; estamos hablando de una línea de base, no de un estudio de impacto, en un nivel de detalle muy diferente.

 ¿En este contexto se puede determinar cuándo será el comienzo de la obra?
El comienzo de la obra no depende solamente del estudio de impacto ambiental, ni de la audiencia pública, la audiencia es una instancia de participación que está prevista en todo el procedimiento de evaluación ambiental, también tenemos el análisis de informes. La audiencia pública es una instancia en el medio de todo el proceso donde la sociedad civil y todos los actores involucrados tienen la oportunidad de expresar su opinión frente al proyecto, no es una asamblea popular, no es preguntas y respuestas. Es un momento en el cual todo aquel interesado en la obra puede expresar su opinión, no es una votación. Lo que estamos haciendo todo el tiempo para aumentar la participación y la transparencia es tener en cuenta las recomendaciones de la Fiscalía de Estado, luego de la audiencia pública donde vamos a tener 30 días más para seguir analizando el proyecto y ver cuáles de las opiniones que nos sirven para fortalecer el proyecto, lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que no se use de esa audiencia es explicar por qué no se tuvo en cuenta. Luego de todo ese período, declaración de impacto ambiental, resolución y aprobación del estudio, eso lo giramos a Obras Públicas que luego tienen otros requisitos para que la empresa a cargo del proyecto pueda mover las primeras máquinas.

¿Qué pasa cuando la obra comienza?
La firma de la resolución no es un cheque en blanco para la empresa, nosotros luego de que la obra comienza, empezamos a ejecutar lo que se denomina el plan de gestión ambiental, un plan de monitoreo y control de cada una de las acciones que se llevan adelante en el terreno, chequeando y fiscalizando que lo que está escrito es lo que se hace en la ruta; si eso no sucede tenemos todas las leyes para caerle encima a la empresa.

¿Por qué considera que es un proyecto que ha generado tanta resistencia?
Con la experiencia que tengo de muchos proyectos en los que he participado desde el sector privado, siempre cuando tenés un proyecto de desarrollo y más cuando implica apertura de caminos va a haber gente que esté a favor y en contra, o gente que quiera opinar desde su experiencia y sus conocimientos, eso es totalmente entendible. Lo que también tiene que ser entendible es que tanto la gobernadora Rosana Bertone que es quien lidera hoy el Gobierno de Tierra del Fuego y ha sido elegida de manera democrática por los fueguinos y ha tomado esta decisión, ha designado a las áreas competentes para llevar adelante este proyecto, tiene toda la legitimidad para llevarlo adelante. Nosotros estamos seguros de que lo que estamos haciendo está dentro de la normativa, hemos generado numerosas instancias de participación, se asegura los procesos participativos y democráticos. Pero siempre en cuestiones ambientales se da esto y uno lo celebra, y de hecho sería bueno que suceda en todos los ámbitos porque nosotros llevamos adelante en Río Grande una demanda contra el Municipio, un sumario administrativo por contaminación y la verdad que hoy no vemos que haya las mismas reacciones que con esto, cuando en Río Grande en el Municipio tenemos un vuelco de efluente de líquidos cloacales crudos que pueden afectar a la calidad de vida de la población.

Fuente: Diario El Sureño

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