El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, pasó de denunciante a imputado en el caso de la defraudación, por la venta de viviendas sociales al gremio, las que fueron comercializadas a particulares.
Carlos Córdoba pasó de denunciante a imputado en la causa de defraudación
04/09/2018
VIVIENDAS SOCIALES DE ATE

Carlos Córdoba pasó de denunciante a imputado en la causa de defraudación

El Fiscal, Nicolás Arias, quien lleva adelante la causa caratulada “Arana, Miguel Ángel y Belbey, Alberto s/defraudación”, luego de analizar los 11 cuerpos de la investigación imputó a Miguel Ángel Arana, Carlos Hipólito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillán Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, por haber defraudado mediante nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño a las personas, a 17 damnificados, al ofrecerles a venta viviendas sociales.

El caso se tramita ante el Juzgado de Instrucción 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, quien citó a indagatoria para este mes, a los 11 imputados. Las víctimas de la maniobra, hicieron entrega de sumas dinerarias, en peso y en dólares; vehículos y hasta motos en parte de pago, resultando de cada operación la participación de un intermediario, entre los años 2014 y 2017. Las maniobras fraudulentas habrían beneficiado a los incriminados con la suma aproximada de 8 millones 145 mil pesos y 52 mil dólares.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, Miguel Ángel Arana, Carlos Hipólito Córdoba, Francisco Freire Acosta, Hugo Fabián Aguirre, Leandro Santillan Mulvihill, Omar Alberto Calquín, Lilian Galli y Daniel Alberto Belbey, habrían cometido el delito de estafas reiteradas. En tanto que, Arana y Córdoba, por las funciones que cumplían dentro del gremio, pudieron haber cometido el delito de defraudación por administración fraudulenta, al menos en grado de tentativa.

 

El rol de cada uno

Ante el incumplimiento de la entrega del inmueble, dos de los damnificados acudieron al Secretario General de ATE, Carlos Córdoba, a reclamarle por la falta de entrega de las viviendas, por lo que “no podía desconocer la maniobra cuya cara visible resultaba Arana”, expuso el funcionario del Ministerio Público Fiscal, en su dictamen.

El propio dirigente, insistió en reuniones con la Presidencia del IPV y en notas dirigidas al Ministro de Gobierno, la incorporación al listado de 7 personas, ajenas al gremio. “Se corroboró la activa participación de Córdoba en los hechos que se imputan, a partir de conversaciones entre éste y Belbey, donde le refería ‘no me trajiste verdes’, en relación a plata extranjera”, describió Arias.

Para el Fiscal, la intervención de Córdoba en las maniobras defraudatorias, en su condición de Secretario General de ATE, debe considerarse porque “quebrantó la confianza” de los afiliados. Y más bien, “debía administrar en resguardo y para el interés exclusivo de los trabajadores del sindicato que representa”, señala.

Por su parte, según reza el escrito, Miguel Ángel Arana fue señalado como quien “se presentaba al cobro de las sumas de dinero entregadas por los damnificados, ya sea a través de pagos parciales o de una suma única, y a cuyo nombre se transfirieron todos los vehículos entregados como parte de pago”.

“Arana era el Vicepresidente de la Comisión de Vivienda de ATE, y en su intento por incorporar adjudicatarios que no pertenecían al gremio, también habría defraudado los intereses de los verdaderos afiliados con expectativas de recibir una unidad habitacional”, argumenta Arias.

Del detallado dictamen, se desprendió que Francisco Freire Acosta, habría ofrecido algunas de las viviendas sociales, haciendo uso de la agencia inmobiliaria de la cual es propietario, mientras que en el caso de Hugo Fabián Aguirre, en su calidad de agente inmobiliario, “se presume que conocía la situación de las viviendas y aún así, habría intermediado para su venta y recibo de dinero”.

Leandro Santillán Mulvihill y Omar Alberto Calquín, oficiaron de intermediarios en numerosos oportunidades, acercando a los interesados en acceder a las viviendas a la persona de Miguel Ángel Arana, recibiendo incluso pagos o bienes en su representación.

En el caso de Lilian Galli, para el Fiscal “no se puede descartar su activa participación en las gestiones para que se concrete la estafa, al menos respecto de una damnificada”, ya que en uno de los audios aportados ésta le manifiesta que “por no ser afiliada al gremio debían encontrarle otro marco legal y que lo estaba hablando con Córdoba”.

Por último, respecto de Daniel Alberto Belbey, su intervención se vio acotada por una única intermediación y percepción de sumas de dinero de parte de uno de los denunciantes.

Compartí tu opinión sobre la nota!
  • Me gusta
    %
  • No me gusta
    %
  • Me es indiferente
    %
Encuesta
¿Está de acuerdo con la política encarada por el Gobierno Nacional en la cuestión Malvinas?
Coincido
37%
Es equivocada
63%
Cargando...