En la causa penal por defraudación que se inició a partir de la venta de viviendas para afiliados de ATE, el Juez de la causa resolvió el pasado viernes un allanamiento a la sede gremial, para recabar más pruebas.
 Se realizó un allanamiento en la sede de ATE
04/07/2018
VENTA DE VIVIENDAS PARA AFILIADOS

Se realizó un allanamiento en la sede de ATE

El pasado viernes, por orden del juez de Instrucción Javier De Gamas Soler, efectivos de la División Delitos Complejos de la Policía Provincial ingresaron al interior de dos domicilios particulares y a la sede de ATE, en Kuanip y Karukinká. Allí secuestraron cajas con documentación y computadoras.

Según consigna en su edición de hoy El Diario del Fin del Mundo, sobre las medidas en las casas de particulares no trascendieron demasiados detalles, aunque sí que en uno de los casos se trata de una persona que habría puesto dinero para la adquisición de la vivienda en el complejo de ATE en Barrancas del Río Pipo (a pesar de no ser ni empleado público ni afiliado al gremio estatal) y al igual que las demás situaciones que se investigan, nunca habría recibido el inmueble.

Cabe indicar que si bien la denuncia penal fue radicada en su momento por el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, junto a su abogado el doctor Jorge Pintos; el juez De Gamas Soler entendió que se había recibido información parcial por parte del gremio, al serle requerido los antecedentes del plan de viviendas, por lo que resolvió hacer un allanamiento con el auxilio de personal policial.

Por el momento, en la denuncia sigue imputado Miguel Arana, alías “Miguelón”, como uno de los responsables de haber realizado transacciones con una de las viviendas, ya que fue atacado a golpes por el supuesto damnificado. Otro de los implicados era Daniel Belbey, pero éste se quitó la vida, ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

De esta forma avanza la causa penal iniciada a partir del escándalo desatado en torno al complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

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