La Legislatura aprobó una bateria de pedido de informes. Se destacan cuestiones referidas al funcionamiento del nuevo sistema de previsión y asistencia de la Provincia y la implemenación del sistema de geolocalización para casos de violencia de género.
El Parlamento aprobó sendos pedidos de informes al Ejecutivo
18/05/2017
Sesión ordinaria

El Parlamento aprobó sendos pedidos de informes al Ejecutivo

Mediante la Ley provincial N° 907, se creó el Fondo de Financiamiento de Servicios Sociales, que se constituye con la alícuota adicional del impuesto sobre los Ingresos Brutos del uno por ciento (1%). Este recurso, está destinado a solventar políticas de servicios sociales de salud y educación. Se planteó como parte de la solución, a los problemas edilicios y de insumos del sector.

Los Parlamentarios, solicitan al Poder Ejecutivo informe el total de lo recaudado en ese concepto y el destino desde su entrada en vigencia, al momento de la sanción de la norma, hasta el 30 de abril. Entre los fundamentos, los Legisladores sostienen que debido a “las constantes consultas y reclamos que llegan, sobre la situación económica de la cartera de salud”. Se busca dar contención e información fidedigna a los particulares, que plantean alguna problemática relacionada con este tema. El asunto lleva el Nº 155/17.

Mediante el asunto 156/17, solicita al Superior Tribunal de Justicia, que a través del Juzgado Electoral remita detalle de denominación; domicilio; fecha de constitución, de reconocimiento y cantidad de afiliados a la fecha, de todos los partidos políticos registrados en el ámbito de Tierra del Fuego. También, requieren información más amplia; por ejemplo, sobre cantidad de electores en toda la Provincia en las elecciones de 2011 y 2015.

Toda esta información, es requerida para fundamentar la propuesta a una posible modificación integral que analiza el bloque UCR – Cambiemos, respecto a la Ley provincial de partidos políticos Nº 470.

El bloque radical es autor de otro pedido de informe en el que pide, a través del asunto 158/17, al Ministerio de Salud información sobre el funcionamiento de los sistemas de salud de la Provincia durante los años 2015 y 2016. “Cantidad de profesionales por especialidad; pacientes derivados fuera de la Provincia; personas atendidas en los hospitales regionales y en los centros de salud discriminados por especialidad, entre otros.

En los fundamentos del asunto, se destaca que los datos son de gran utilidad para el trabajo habitual de la Comisión de Salud Pública (5), que preside la legisladora Liliana Martínez Allende (UCR – Cambiemos).

También, el bloque solicita al Ejecutivo provincial que, en el marco de la incorporación de un sistema de localización georeferencial en la ley Nº 1022, se dé cuenta de lo siguiente: “Cómo se lleva delante la puesta en marcha del mecanismo; si se continuaron las gestiones con los organismos Nacionales responsables de optimizar las telecomunicaciones en la Provincia y dispositivos entregados a la fecha”, entre otros ítems.

Los Legisladores, a través del asunto 159/17 sostienen: “Entendemos que la puesta en marcha del sistema, constituye un enorme avance en materia de derechos, respecto a la protección de las víctimas de violencia doméstica”. Aseguran en el escrito, que es de vital importancia contar con información respecto a la entrada en vigencia de esta medida.

Respecto al tema discapacidad, el bloque radical recuerda que a principio de año, la Provincia recibió del Estado Nacional, cinco (5) móviles especiales, para el traslado de personas con discapacidad.

Así, en los fundamentos del asunto 160/17, los Parlamentarios firmantes del pedido, aseguran que “antes de la adquisición de los mismos, el sector de discapacidad contaba con vehículos que eran destinados para esos fines”. Es por ello que solicitan tener información sobre el destino de los coches más antiguos y a qué tarea fueron asignados.

Por último, los Legisladores radicales presentaron dos pedidos de informes (asuntos Nº 164/17 y 165/17), mediante los cuales solicitan información a la Caja de Previsión Social y a la Obra Social provinciales. El requerimiento es por los montos ingresados por aportes y contribuciones; dinero recuperado en concepto de deudas; convenios vigentes; todo ello desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril del corriente, discriminado por organismos.

De este modo, las autoridades legislativas manifiestan que “habiendo transcurrido ya más de un año de las reformas legislativas implementadas, con el fin de fortalecer la sustentabilidad del sistema de seguridad social y con decisiones posteriores conducentes a tal fin, como proyectos de modificación. No se conocen a la fecha los informes; evaluaciones; medidas; herramientas; programas; indicadores, entre otras obligaciones legalmente impuestas a los continuadores jurídicos del exIPAUSS.

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