Por el delito de peculado, los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones dictaron el procesamiento de exfuncionarios de los gobiernos de Colazo y Cóccaro. Además, revocaron la decisión contra el empresario Antonio Celentano.
Ex funcionarios de Colazo y Coccaro procesados por fraude a la administración pública
05/04/2017
BAJO LA FIGURA DE PECULADO  

Ex funcionarios de Colazo y Coccaro procesados por fraude a la administración pública

 

Según lo informa el portal de la emisora Aire Libre FM, en un fallo dividido entre los jueces de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones, fue revocado el sobreseimiento que fue dictado a cuatro ex funcionarios de los gobiernos de Jorge Colazo y Hugo Cóccaro y de un auditor del Tribunal de Cuentas.

 

Los jueces del Tribunal de Alzada resolvieron el procesamiento, por el delito de peculado (fraude contra la administración pública), al ex secretario de Hacienda Gabriel Allegro y al ex ministro de Economía Juan Manuel Romano, quienes habían sido sobreseídos en primera instancia. Dictaron la “falta de mérito” del empresario Antonio Celentano que había sido procesado.

 

El fallo judicial dictado el pasado 27 de marzo, ratificó los procesamientos por el delito de peculado para los ex contadores generales Andrea Fabiana Page y Marcelo Luis Rolfo, que se desempeñaron en la gestión del ex gobernador Jorge Colazo, para el auditor del Tribunal de Cuentas Rafael Aníbal Choren, para el ex Contador General Alfredo Raúl Iglesias y para el ex ministro de Economía Héctor Horacio Sosa, estos dos últimos de la gestión del ex gobernador Hugo Cóccaro.

 

El caso remonta a agosto de 2013, cuando por orden de Ríos, el ex ministro de Economía Osvaldo Monti, constituyó una comisión investigadora para analizar los pagos a la empresa Celentano, luego de que la firma iniciara dos juicios contencioso administrativos contra el Estado, reclamando una deuda impaga de cerca de 20 millones de pesos.

 

Esa comisión llegó a la conclusión de que en aproximadamente 100 facturas de las presentadas por el proveedor se habían agregado dos ceros (es decir multiplicado los importes por 100) de manera de “inflar la deuda”, y que por lo tanto, el Estado había pagado por servicios no prestados una suma de alrededor de 10 millones de pesos.

                              

Cuando la denuncia de la gestión Ríos llegó a la Justicia Penal, la jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo analizó distintas pericias y concluyó que la maniobra había servido para incrementar los montos facturados en más de 6 millones de pesos, o sea en “un 79 por ciento del capital reclamado”, señala el portal.

 

En la resolución de los camaristas, para el juez de Cámara Julián De Martino, las diferencias en los valores de las facturas “no habrían obedecido a los supuestos errores de copia o puntuación alegados por el imputado, sino a una conducta consciente y voluntariamente dirigida a crear y acrecentar una inexistente deuda del Estado provincial a favor del encartado”. En cambio, el juez Jorge Luis Jofré, quien realizó el primer voto del fallo, entendió que si bien “la totalidad de las circunstancias analizadas no logran descartar definitivamente la sospecha de una actuación dolosa por parte del imputado Celentano”, por el momento “resultan insuficientes para sostener la probabilidad positiva que requiere el dictado de un auto de procesamiento”.

 

Ante la confrontación de opiniones, el voto que “desempató” fue el del camarista Civil (llamado a intervenir en la causa por la excusación del juez Walter Tavarez Guerrero) Ernesto Loffler, quien sin fundamentar su posición, adhirió al voto de Jofré, con lo que el empresario fue beneficiado por la “falta de mérito”.

 

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